Biden prorroga decreto que declara a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para EE.UU.

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2 de marzo de 2023 19:35 GMT

Hasta el momento se han impuesto 927 medidas coercitivas unilaterales contra el país sudamericano.

El presidente estadounidense, Joe Biden, prorrogó el decreto ejecutivo de “emergencia nacional”, que considera a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para EE.UU.

En un mensaje al Congreso, fechado el pasado miércoles 1 de marzo, el presidente estadounidense consideró que era “necesario continuar con la emergencia nacional declarado en el Decreto Ejecutivo 13692 sobre la situación en Venezuela”.

Según la carta, “la situación en Venezuela sigue representando una amenaza para la política exterior de Estados Unidos”.

Esta declaración de “emergencia nacional” respecto de Venezuela fue decretada por primera vez el 8 de marzo de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, a través de la Decreto Ejecutivo 13692.

Continuidad de las medidas coercitivas unilaterales

Tras este anuncio, el Viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, compartió en su cuenta de Twitter un trino emitido por ese organismo en el que señala que con esta medida el gobierno de EE.UU. “da continuidad a su política de cambio de régimen criminal mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela”.

El canciller venezolano, Yván Gil, explicó durante su reciente participación en la 52 sesión ordinaria de ese organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, que se encuentran vigentes 927 medidas punitivas contra su país, las cuales han impedido los ingresos de algunos 232.000 millones de dólares en los últimos nueve años.

Hasta el momento, según el Observatorio Antibloqueo, hay 154 entidades venezolanas sancionadas por EE.UU., entre organizaciones públicas y privadas, mientras que 143 empresas de los sectores de petróleo y energía, comercio, transporte y tecnología han sido sancionadas.

años de sanciones

Orden ejecutiva de Obama sentó las bases legales por la imposición de medidas punitivas contra el país sudamericano.

En concordancia con esta “emergencia nacional”, se emitió el Decreto Ejecutivo 13808 del 24 de agosto de 2017, que prohíbe la compra directa o indirecta de valores al Estado venezolano.

Luego vino el Decreto Ejecutivo 13827, del 19 de marzo de 2018, que impide cualquier transacción relacionada con la emisión y uso de cualquier tipo de dinero electrónico.

El 21 de mayo de ese mismo año se emitió el Decreto Ejecutivo 13835, que Se endurecen las prohibiciones de transacciones o operaciones de refinanciación de la deuda venezolana.

Unos meses después, el 1 de noviembre de 2018, salió el Decreto Ejecutivo 13850, mediante el cual se bloquearon los activos y se prohibieron las transacciones de las personas que operan en el sector del oro.

El Decreto Ejecutivo 13857, del 25 de enero de 2019, por su parte, designó a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), sus subsidiarias y entidades asociadas como sujetas a sanciones por parte de los Estados Unidos, y abrió las puertas para el decomiso de todos los bienes de la Nación sudamericana en territorio estadounidense.

Mientras que, con el Decreto 13884, del 5 de agosto de 2019, se amplió el programa de medidas unilaterales de “embargo” y se autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Venezuela.