Disidentes o desertores: el estatus de la ‘Segunda Marquetalia’ pone en jaque diálogo en Colombia

El exlíder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, pidió que se le dé tratamiento político a la ‘Segunda Marquetalia’, facción de disidentes del grupo guerrillero que se formó tras abandonar el Acuerdo de paz.

En la carta, publicada en la cuenta de Twitter de ‘Timochenko’, también solicita que se considere el mismo estatus para Iván Márquez, líder de la ‘Segunda Marquetalia’, quien firmó el Acuerdo Final, en 2016, y se retiró en 2019, alegando que el Estado había traicionado los acuerdos alcanzados.

Estos planteamientos añaden un elemento más al debate reciente sobre el estatus que debe tener este bloque de disidentes, que pone en vilo la posibilidad de que pueda sentarse a conversar con el Gobiernocomo parte de las negociaciones con varios grupos armados impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

La decisión sobre Márquez

La propuesta de Londoño es un dilema para las autoridades colombianas. Como Márquez aceptó lo pactado en La Habana y luego abandonó el proceso, la Justicia ordinaria tendría la última palabra, pues no le correspondería a él aceptar el mecanismo transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP, surgida tras el acuerdo de paz, expulsó a Márquez en 2019, junto a otros exguerrilleros, tras su vuelta a las armas, lo que supuso la pérdida de la libertad condicional y la suspensión o anulación de las órdenes de captura en su contra. .

Según el Acuerdo Final, “quien no entre en el proceso de dejación de las armas y tránsito a la legalidad o cometa un delito después de la firma, será perseguido por las autoridades y sancionado por la justicia ordinaria”.

Las peticiones de ‘Timochenko’

En su carta, el exjefe de las FARC considera que como el Gobierno ha generado las condiciones “para avanzar decididamente hacia el desmantelamiento de toda violencia y de todo aparato militar”, no puede “Cierre la puertaa los actores armados que tienen “voluntad real de sumarse a la paz”.

Según su exposición, Márquez “es un hombre de convicciones políticas” que abandonó el proceso de paz, “por diferentes circunstancias“.

“Su desafortunada e irracional decisión no solo fue un golpe a la implementación del Acuerdo, sino que fue la llama que encendió la violencia que comenzaba a disminuir”, admitió el presidente de Comunes, partido político integrado por excombatientes.

‘Timochenko’ estimó que “El momento histórico que atraviesa Colombia exige grandeza y generosidadPor ello, “el regreso a las armas de Márquez y otros no puede ser un obstáculo para que se dé un tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas integradas por exmiembros de las extintas FARC-EP”.

“Disidentes” o “desertores”

La decisión que se tomará sobre la ‘Segunda Marquetalia’ y Márquez ha generado posiciones encontradas entre el Gobierno y varios sectores de la política, incluidos los aliados. La discusión se centra entre dos etiquetas: “disidentes” o “desertores”.

La Corte Constitucional ha recibido varias demandas contra la ley de “paz total”, sancionada por Petro. Uno de ellos fue interpuesto por el abogado Jorge Enrique Pava Quiceno, quien asegura que permitir que exmiembros de grupos armados que han incumplido el anterior proceso de paz sean parte de las nuevas negociaciones es “un aspecto político muy sensibleSegún El Tiempo.

Por ello, la máxima instancia solicitó a varias instituciones nacionales e internacionales relacionadas con el proceso de paz colombiano un concepto sobre el tema, entre ellas el Poder Ejecutivo, la Alta Comisionada para la Paz, la Corte Suprema de Justicia, la JEP, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno respondió a la solicitud a través de una carta firmada por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, según El Tiempo.

Fernández asegura que no se puede confundir el término “disidentes” con “desertores”. El primero se utiliza para referirse a quienes no aceptaron el Acuerdo Final, como el ‘Estado Mayor Central’ de las FARC, que tendría las manos libres para participar en las negociaciones de paz porque tiene estatus político y las órdenes de captura podrían suspenderse en contra Sus miembros.

El asunto cambia con los “desertores”, que son los que firmaron el Acuerdo, “pero lo traicionaron y volvieron a las armas (ejemplo, la ‘Segunda Marquetalia’)”, dice el texto.

En este caso, el Ejecutivo considera que estas personas “pueden acogerse a las reglas de sometimiento a la Justicia” y obtener los beneficios que les otorga la ley “para el desmantelamiento y denuncia”.

“En otras palabras, su proceso no pasa por diálogos, negociación y Acuerdo de Paz; sino de: acercamientos, conversaciones y sometimiento a la Justicia”, ratificó Fernández.

La “atrapamiento judicial”

Iván Cepeda, senador y miembro de la delegación gubernamental en conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), está en desacuerdo. En su cuenta de Twitter, escribió que la visión legal de la presidencia “impide el tratamiento político del grupo ‘Segunda Marquetalia’”.

“He denunciado que en este caso hubo un impasse judicial que no justifica un rearme, sino un diálogo político”, agregó una de las figuras más importantes del proceso de paz colombiano.

Cepeda ha acusado en otras ocasiones al exfiscal Néstor Humberto Martínez (2016-2019) de haber promovido un “atrapamiento” contra la JEP, y fabricar “cortinas de humo” para “dañar el proceso de paz“.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, también ha utilizado ese término al referirse a Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, a quien definió como un “guerrillero atrapado y asesinado“, que también se sumó a la ‘Segunda Marquetalia’.

Este tema también fue abordado en la publicación “Obstáculos a la continuación de los procesos de paz en Colombia” de la Comisión de la Verdad, que citó información de El Espectador que hablaba de la supuesta entrega acordada de cocaína entre la Fiscalía y la Administración para el Control de Drogas (DEA) para que ‘Santrich’ y Márquez repitan el crimen, poniendo así en riesgo el acuerdo de paz.

Ante las acusaciones, el exfiscal propuso la creación de un tribunal de honor “para que se le ofrezca una veredicto final al país”.

Márquez tiene varios procesos judiciales abiertos, entre ellos una sentencia de 25 años, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de la Iglesia Católica de Cali, cuya muerte fue ordenada por el Secretariado de las FARC. , a la que pertenecía.

Asimismo, en septiembre de 2022 la Fiscalía lo vinculó como “ausente” en el proceso por el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado y su escolta, José del Cristo Huertas Hastamorir, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. .

Además, el Ministerio Público lo responsabilizó por los delitos de “homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro agravado con fines de extorsión”, tras el asesinato de cuatro militares y el secuestro de uno más en el departamento de Antioquia, en 1997. .

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