Fiscalía de Perú pide prisión preventiva de tres años contra Pedro Castillo

Publicado:

28 de febrero de 2023 22:50 GMT

Según la institución, el expresidente peruano habría cometido delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su gobierno.

La Fiscalía peruana ha solicitado que se apliquen 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre pasado por el Congreso de ese país, acusado de la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su gobierno (julio 2021-diciembre 2022).

Según el Ministerio Público peruano, la solicitud de privación de libertad contra Castillo, quien es encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 luego de ser desalojada por el Parlamento y acusada de supuesta rebelión, fue dictada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La institución también solicitó que se extiende la medida por los mismos delitos a dos exministros de Castillo: Juan Silva Villegas, quien estuvo a cargo de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado López, quien estuvo a cargo de la oficina de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también dirigió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El pedido de la Fiscalía se hizo oficial luego de que el Congreso aprobara a mediados de febrero la amparo de amparo contra Castillo basado en una acusación de que presentado por la Fiscal Nacional, Patricia Benavides, en octubre de 2022.

La decisión del parlamento se dio luego de negarle al expresidente una solicitud para declarar personalmente ante el pleno del Congreso, en un proceso de defensa que asumió su abogado, Eduardo Pachas. Lo que dio paso a que la Fiscalía formalizara la investigación preparatoria.

El expediente de la fiscal Benavides contra Castillo califica al expresidente de presunto líder de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la estatal petrolera Petro Perú.

castillo encarcelado

Castillo sigue preso en el penal de Barbadillo, en la capital del país, donde esta semana miles de manifestantes del sur de Perú han llamado a la llamada ‘Segunda toma de Lima’, para rechazar el régimen de la presidenta designada por el Parlamento, Dina Boluarte, entre otras demandas que consideran claves para solucionar la crisis política, institucional y de gobierno.

El profesor Castillo, quien sigue considerándose el presidente legítimo de Perú, dijo en una reciente entrevista con El Salto que teme por su vida y la de su familia. El expresidente exige un proceso constituyente para el país y denuncia la represión ejercida por la Administración Boluarte contra las manifestaciones multitudinarias.

“En el Perú no existe ningún tipo de seguridad jurídica, política o civil”declaró el exmandatario, quien aseguró que es hostigado y atacado por la derecha peruana desde la campaña por la segunda vuelta.

castillo, también sigue siendo reconocido como representante por los Gobiernos de Honduras y Méxicoquienes han denunciado la ejecución de un golpe parlamentario y militar en su contra para instaurar un régimen de facto, lo que ha provocado distintas violaciones a los Derechos Humanos y decenas de muertos en medio de la protesta social que se prolonga desde hace casi tres años. meses.

La crítica situación política y de derechos humanos en el Perú también ha sido denunciada por países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (AMANECER).

Además, los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela han denunciado el golpe de Estado contra Castillo, los abusos policiales contra los manifestantes peruanos, el clima de ingobernabilidad en el país andino, al tiempo que abogan por la protección del presidente vacante.

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