Publicado:
2 de marzo de 2023 02:25 GMT
El organismo recopiló información sobre supuestas “ejecuciones extrajudiciales” y “detenciones arbitrarias”.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, solicitó al Gobierno del Perú que informe de acción policial durante las protestas iniciadas el 7 de diciembre, en las que se registraron más de 60 muertos.
En comunicación confidencial dirigida al representante permanente del Perú ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, el organismo dio un plazo no mayor a 60 días para que el Ejecutivo que encabeza Dina Boluarte entregue información precisa sobre los graves hechos denunciados ante esa dependencia. .
Menciona casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, violación al debido proceso, además de “una elevado número de muertes potencialmente ilícitas”.
🔴 Exclusivo | Tenemos la comunicación reservada enviada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra al gobierno peruano. Exige información veraz sobre el uso de la fuerza y atribuye credibilidad a las denuncias. ▶️ https://t.co/2PSslF4kzspic.twitter.com/0tAqr0D04E
– Epicentro.TV (@Epicentro_TV) 28 de febrero de 2023
“Hacemos este llamamiento para salvaguardar los derechos de las personas que están ejerciendo sus derechos de asociación y manifestación pacífica y a la libertad de pensamiento y conciencia, a fin de proteger sus derechos de posibles daños irreparables”, dice el documento de 21 páginas. que Epicenter estuvo de acuerdo.
La agencia exige al gobierno peruano que “entregue información detallada sobre las investigaciones y la investigación judicial de los presuntos homicidios durante las manifestaciones”, así como sobre el estado actual de la investigación, y si cumple con los estándares internacionales y científicos.
El Gobierno interino del Perú rechazó las acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos y racismo “sistémico”tal y como denunció días atrás Amnistía Internacional (AI).
Dina Boluarte ha ordenado, a través de un decreto de urgencia, indemnizar económicamente a los familiares de las personas fallecidas en enfrentamientos con la Policía, tanto civiles como uniformados.
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