A principios de enero comenzó un escándalo en Ecuador, luego de que un medio local revelara la existencia de un supuesto esquema de corrupción dentro de las empresas públicas del país sudamericano.
El lunes 9 de enero, el portal digital La Posta publicó un reportaje periodístico en el que expuso la existencia de una supuesta red de corrupción que estaría operando principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). . Posteriormente se señaló que la trama también se extendía a la petrolera estatal Petroecuador.
Esa trama estaría dirigida por danilo carrera drouetcuñado del presidente del país sudamericano, Guillermo Lasso.
Carrera está casado con María Eugenia Lasso Mendoza, la hermana mayor del presidente. Además, es uno de los principales socios y titular de la Junta Directiva del Banco de Guayaquil, misma entidad en la que el ahora gobernante fue presidente ejecutivo durante casi dos décadas, hasta 2012.
La Posta bautizó el caso como “El Gran Padrino”, alias asignado al familiar del presidente. Según el medio, Carrera, a pesar de no tener ningún cargo en el Gobierno, administra empresas públicas y es quien decide qué empresas privadas trabajan con el estado y cuáles no, a cambio de sobornos.
También se reveló que el operador de confianza del cuñado de Lasso sería ruben cherresquien en 2021 creó siete empresas en un solo día y está siendo procesado por narcotráfico.
Citas y vínculos con la mafia
Durante el último mes se han revelado audios, imágenes y otras supuestas pruebas vinculadas a esta supuesta red de corrupción.
Se ha sabido que Carrera y Cherres habrían tenido influencia en la designación de cargos en diversos cargos gubernamentales. Por ejemplo, según la investigación periodística, el cuñado de Lasso habría influido en la designación de Hernán Luque a la presidencia del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), estando en ese cargo entre julio de 2021 y diciembre de 2021. 2022.
Asimismo, se habrían inmiscuido en la designación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura y Ganadería; y que Eduardo Cherres, hermano del presunto operador de Carrera, obtuvo el cargo de subgerente de BanEcuador.
La última revelación contundente se hizo el pasado lunes, cuando se informó que el gobierno ecuatoriano tendría una supuesta conexión con el narcotráfico, en concreto con la mafia albanesa.
El mismo portal digital La Posta, con base en un informe realizado por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, al que tuvo acceso, anunció que estos presuntos enlaces serían a través de Cherres.
Con este informe policial se habría verificado reuniones de Cherres y miembros de la mafia albanesa en varias ciudades del país, como una registrada en Guayaquil y otra en una empresa en Manta, que habría sido utilizada como fachada por la organización criminal. para la comercialización de drogas.
También se dijo que Cherres y sus “asociados” habrían financió con al menos “un millón y medio” de dólares la campaña de Lasso a la Presidencia en 2021.
Reacciones de lazo
El jueves 12 de enero, Lasso rompió el silencio que prevaleció los primeros días tras la publicación periodística y defendió a su cuñado.
“Danilo Carrera es una persona que quiero mucho, lo conozco desde hace 64 años. Un hombre sin culpa que no puede ser denigrado usando su rostro como logo del narcotráfico”, dijo en esa oportunidad.
Esa defensa se repitió en un reciente mensaje que entregó a la nación el martes 14 de febrero. Allí dijo reconocer que su cuñado “puede que no haya tenido suficientes sospechas para detectar personas deshonestas que quisieran utilizarlo.
En ese mensaje insistió en que no se ha probado ningún caso de corrupción en su gestión y que ninguno de sus familiares ha participado en su gestión.
“Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos […] Este es un gobierno honesto. No hay trama, red o estructura de corrupción”, dijo.
Por otro lado, el presidente ha atacado a La Posta ya sus periodistas. A principios de febrero, sin nombrar el medio, los acusó de cometer un “asesinato reputacional”.
“Una cosa es una prensa libre y otra cosa son los que, bajo el título de periodistas, realizan actividades que son calificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto y un asesinato a la reputación de un Presidente de la República que no no acepta chantajes, no acepta condiciones y que nunca hará publicidad a cambio del aplauso de ningún medio”, dijo en ese momento, durante un acto de promoción de la Policía Nacional, realizado en Quito.
En ese mismo discurso, dijo que su gestión está siendo atacada: “Como el gobierno hace obras, como pone en orden la economía […] estamos bajo ataque. Un ataque grosero y mentiroso, que pretende manchar el honor de mi Gobierno y mi honor personal, cosa que no vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario”.
En su más reciente mensajeVisiblemente molesto, dijo que La Posta y sus periodistas han atacado su “integridad” y la de su familia.
Los acusó de crear “un dibujos animados falsos, falaces e insultantesanimados por la libertad que han violado” y dar a conocer “una novela semanal, cada vez más irreal”.
Asimismo, dijo que lo que el medio busca lograr con las denuncias que ha realizado son “prebendas y canonjías” y que lo que les interesa es “caos” y “monetizar el escándalo”.
“Se acabaron los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso. Aquí hay un gobierno serio, transparente y fuerte, y demos batalla los que quieren atentar contra la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y maliciosas para causar daño a la democracia ecuatoriana”, advirtió.
Gobierno versus Fiscalía
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por esta supuesta red de corrupción en las empresas públicas. El caso fue nombrado como ‘Encuentro de casos’lo cual parece sacado del eslogan que hace la administración Lasso en sus anuncios: “Gobierno de reunión”.
A mediados de enero, la FGE realizó allanamientos en los domicilios de los investigados por este presunto caso de corrupción en las ciudades de Quito, Guayaquil y Samborondón.
Recientemente hubo un impasse entre el Gobierno y la FGE, luego de que el pasado sábado 11 de febrero la Policía Nacional informara sobre el traslado de 37 agentes que habían sido designados como investigadores de la Fiscalía.
“Estas medidas significan una clara intromisión en la Justicia”, afirmó. se quejó la FGE, al tiempo que señaló que limitarían el trabajo que ya se venía realizando en diferentes casos y presentarían avances importantes, entre ellos el ‘Caso Encuentro’.
Posteriormente, el Ministerio Público informó que interpuso una medida cautelar autónoma ante un juez de Garantías Jurisdiccional-Constitucional, quien decidió suspender la medida.
¿El proceso de destitución?
Por otra parte, la Asamblea Nacional (Parlamento) creó la Comisión Ocasional Especializada de Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción para investigar el caso.
El pasado lunes, el mandatario ecuatoriano fue citado a una sesión de esta Comisión, sin embargo, se excusó y no asistió alegando “problemas de agenda”.
“Parece que el presidente busca garantizar la impunidad y proteger a Danilo Carrera. Sus acciones obstruyen el trabajo de la Comisión”, dijo la asambleísta Viviana Veloz, quien preside el cuerpo legislativo.
La Comisión, que ha recibido a otros funcionarios y representantes de La Posta, prevé tener listo su informe sobre el caso la próxima semana. La clave estará en las recomendaciones que hagan los legisladores, que podrían incluir la realización de un juicio político contra el presidente.
El artículo 129 de la Constitución de Ecuador establece tres causales por las cuales el Congreso puede procesar al presidente: por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de extorsión, cohecho, malversación o enriquecimiento ilícito; y por los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por motivos políticos o de conciencia.
“Se podría sugerir un ensayo si sale el informe con alguna de esas causales, pero aún no se sabe cómo saldrán los textos”, dijo la legisladora Mireya Pazmiño, quien forma parte de la Comisión que investiga el caso, citada por La Hora.
Según este medio, fuentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional revelaron que se preparaban para tres escenarios críticos. El primero de ellos es el posible impeachment de Lasso.
La segunda, una nueva levantamiento popular, como la ocurrida en junio del año pasado, que fue liderada por el movimiento indígena. Esto podría llevar a la Asamblea Nacional a buscar la destitución del presidente, con base en el artículo 130 de la Constitución, por “grave crisis política y conmoción interna”.
Y el tercer escenario es el llamado “muerte cruzada”, que ha sido un ‘fantasma’ recurrente entre el actual Ejecutivo y el Legislativo. Es una facultad legal, contemplada en la Constitución ecuatoriana, que permite al Presidente de la República disolver la Asamblea Nacional o autoriza al Congreso a destituir al presidente.
Este escándalo en Ecuador crece en medio de un momento duro para el Gobierno, ya que el domingo 5 de febrero tuvo un revés electoral, cuando la ciudadanía rechazó las preguntas de un referéndum constitucional promovido por el Ejecutivo y se inclinó mayoritariamente por candidatos progresistas. para las prefecturas provinciales y las alcaldías.
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