¿Medida débil o criminalización? Polémica en Chile por plan de Boric para frenar migración irregular

La militarización de la frontera norte de Chile, ordenada por el presidente Gabriel Boric en un intento por frenar la migración irregular, desató una nueva polémica, pues la oposición considera insuficiente la medida, mientras organizaciones sociales temen que sea un nuevo pretexto para violar los derechos humanos de los migrantes.

El decreto que firmó Boric la semana pasada establece el envío de las Fuerzas Armadas, por 90 días, a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que conforman la llamada “macrozona norte”, y a donde llegan diariamente cientos de migrantes que cruzan por pasos fronterizos no autorizados.

oLa decisión, que también prevé la asistencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, generó polémica desde un inicio ya que, antes de ser presidente, Boric criticó las estrategias de militarizaciónpero la crisis migratoria que heredó del expresidente Sebastián Piñera se ha convertido ahora en una presión para su gobierno.

En los últimos años, miles de personas llegaron de forma legal e irregular a Chile con la esperanza de tener una mejor calidad de vida que en sus países de origen, pero su presencia desató intensas campañas de racismo, xenofobia, discriminación y aporofobia.

La discusión se centró en las dos comunidades que más crecieron en la última década y que llegaron simultáneamente: la venezolana y la haitiana; pero también se insulta insistentemente a los migrantes bolivianos y peruanos.

Tengan o no regularizados sus papeles, los migrantes son objeto permanente de ataques de políticos de derecha y medios de comunicación que fomentan la estigmatización y que, como en otros países, los asocian con el “delito”.

Desde que Boric asumió el cargo en marzo del año pasado, la situación empeoró, ya que miles de migrantes seguían cruzando los pasos no autorizados con el objetivo de llegar a Santiago. Reclamaciones de la opinión pública y políticos de derecha Aumentaron.

La respuesta fue confirmar y reforzar la militarización de la frontera que ya había implementado Piñera.

el decreto

La semana pasada, Boric emitió un decreto autorizando a las Fuerzas Armadas a solicitar los documentos de cualquier persona en la frontera norte y registrar su equipaje, ropa o vehículos.

Basta con que sospechen que pueden estar delinquiendo, desde cruzar irregularmente la frontera hasta traficar drogas y armas o formar parte de redes de trata de personas. Si comprueban que una persona no tiene sus papeles migratorios en regla, inmediatamente será entregada a la Policía.

También afirma que, antes de recurrir al uso de la fuerza o de armas de fuego, “deben tomarse todas las medidas razonables para disuadir a cualquier persona o grupo de cometer una agresión”, en particular para evitar “daños colaterales”.

El protocolo establece que, antes de usar armas, los militares deben emitir advertencias y desplegar vehículos y personal alrededor de los sospechosos como una forma de disuasión.

Si las personas aún resisten la búsqueda, se les pueden arrojar granadas de humo, gas pimienta o lágrimas, y se utilizarán armas no letales o antidisturbiospero no se pueden disparar a quemarropa ni apuntar directamente al rostro.

Finalmente, si la amenaza es latente, los militares pueden preparar el arma de fuego con clara intención de usarla, disparar tiros de advertencia y finalmente disparar, pero solo en caso de enfrentamiento y los sospechosos usen o se preparen para usar armas letales, o que poner en peligro la vida de otras personas.

Organizaciones Sociales inmediatamente alertó sobre la criminalización de las personas migrantes y los riesgos que implican estas medidas. Pero la oposición, por el contrario, consideró que se necesita una mayor “mano firme”.

reclamos

“No más leyes criminalizadoras. Ningún ser humano es ilegal”. Con estas consignas, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes repudió la militarización fronteriza.

“Inmigrantes y refugiados queremos salvaguardar nuestras vidas, no escapar de los militares y la policía”, explicó la organización, que también advirtió que el debate sobre la crisis migratoria ha estado marcado por los prejuicios, el estigma y un alto contenido de criminalización.

Entre las respuestas preocupantes a este problema, agregó, está la detención arbitraria de personas por su estatus migratorio, lo que vuelve a dejar en claro que “a los sectores políticos en Chile no les importa la vida de los migrantes y refugiados (y menos el derecho a migrar o el derecho al refugio), sino perpetuar un estado policial”.

el Gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz; y el alcalde de Colchane, Javier García, también criticaron al gobierno, pero considerando que se necesitan medidas complementarias a la militarización.

Díaz, por ejemplo, denunció que la estrategia fue diseñada en la capital, a más de 2.000 kilómetros de la frontera, y sin tomar en cuenta a las autoridades regionales. Además, aseguró que las Fuerzas Armadas deberían tener más facultades para prevenir efectivamente la entrada irregular al país.

García, por su parte, explicó que se necesita mayor diálogo con las autoridades bolivianas, para simplificar las expulsiones y dotar de más equipamiento a las Fuerzas Armadas. “Este despliegue no va a solucionar el problema de la entrada irregular de migrantes”, dijo.

El diputado conservador Diego Schalper (Renovación Nacional), se sumó a las voces opositoras que pedían mayores poderes para los militares en la frontera norte.

“El gobierno todavía no entiende que posiblemente cuando se presenten situaciones de uso de la fuerza, lo que va a pasar es que las Fuerzas Armadas estarán enfrentándose al crimen organizado”, dijo.

defendiendo

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se topó con las críticas. “Tenemos una Constitución, un decreto con fuerza de ley y un decreto supremo que avala y establece reglas muy claras para las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza”, respondió. tanto a los que piden que los militares tengan más poderes, como a los que temen que se cometan violaciones a los derechos humanos.

“La fuerza tiene que ser tratada con discreción. No sirve para nada, pero hay situaciones en las que es evidente que hay que usarlo. Por ejemplo, si hay una amenaza a la vida de militares o de una tercera persona”, dijo este lunes, mientras acompañaba el despliegue militar en la frontera.

Tohá consideró que la polémica que se ha intentado generar “es perfectamente inútil y muy irresponsable”, ya que se basa en la idea de que la estrategia sería más efectiva si los militares pudieran disparar a cualquier cosa en la frontera. “Eso no es así, eso no protege al pueblo de Chile ni a los militares”, advirtió.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte, descartó la creación de una policía militarizada, opción planteada por algunos sectores de la oposición.

“Por ahora lo que ha sido más eficiente para cumplir con el mandato que los ciudadanos del norte han establecido como prioritario en el resguardo de las fronteras, es contar con las Fuerzas Armadas (…) para la policía es un gran complemento” , aseguró en medio de una polémica que recién comienza.