Publicado:
20 de enero de 2023 08:53 GMT
Las naciones insulares sostienen que el vertido no debe realizarse hasta que “todas las partes verifiquen científicamente que es seguro”.
Las naciones insulares del Pacífico instaron el miércoles a Japón a posponer la liberación del agua almacenada en la planta nuclear Fukushima-1, debido al impacto potencial que podría tener en la industria pesquera.
“La región se mantiene firme en su posición contra la descarga hasta que todas las partes comprobar científicamente que es seguro”indicó Henry Puna, secretario general del Foro de las Islas del Pacífico (FIP), que agrupa 17 países insulares de la regiónen un seminario científico virtual para discutir el tema.
“Debemos evitar acciones que nos conduzcan o nos engañen hacia otra gran catástrofe de la contaminación nuclear a manos de otros”, aseveró. En este sentido, subrayó que “no tiene ninguna duda” de que “es absolutamente necesario tener más tiempo para considerar a fondo todas las implicaciones de tal decisión antes de elegir el curso de acción”. que “no solo conveniente para Japón”, sino para todas las naciones insulares.
Al mismo tiempo, la FIP argumenta que el derrame de agua podría tener un gran impacto en los caladeros de la región, de la que dependen las economías insulares. Puna también recordó que los isleños aún “sufren a diario las consecuencias a largo plazo” provocadas por la Ensayos nucleares realizados por EE.UU. en las décadas de 1940 y 1950.
El gobierno japonés anunció la semana pasada que en primavera o verano comenzará a descargar en el océano agua ligeramente radiactiva procedente de la central eléctrica destruida por un tsunami en 2011. Hoy, en el territorio de la planta. se almacena un millón de toneladas de agua en unos 1.000 tanques.
Las autoridades japonesas insisten en que el agua ha sido tratada para eliminar la mayoría de los materiales radiactivos y que no representará una amenaza para la salud humana o el medio ambiente marino.
Sin embargo, estos los residuos seguirán conteniendo tritiouna forma radiactiva natural de hidrógeno que es técnicamente difícil de separar del agua.
Según el nuevo plan, el gobierno asignará $385 millones a los pescadores locales que temen que el daño potencial a su reputación afecte sus ventas.
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