Publicado:
13 de febrero de 2023 18:16 GMT
La Abogacía General de la Unión (AGU) exige a los asaltantes pagar cuatro millones de dólares por los daños causados a las instituciones.
La Fiscalía General de la Unión (AGU), que representa judicialmente al Estado brasileño, solicitó este lunes la sentencia definitiva de 54 bolsonaristas radicales y tres empresas para pagar unos cuatro millones de dólares por financiar los violentos ataques contra instituciones en Brasilia el pasado 8 de enero.
Los imputados, entre ellos un sindicato y una asociación, ya tienen bloqueados temporalmente sus bienes tras las agresiones, pero la AGU pidió a la Justicia del Distrito Federal (DF) que sean condenados definitivamente.
Eso los obligaría a pagar la multa, que se calcula teniendo en cuenta el valor de los daños a la propiedad pública infligidos por los atacantes.
Según la AGU, los imputados eran conscientes de que sus arengas podían provocar “los hechos tal como ocurrieron”, teniendo en cuenta que en la citación ya se hacía “expresa referencia (…) a actos no pacíficos (…) y apoderamiento fuerza.”
vector primordial
“La financiación del transporte fue un vector primordial para este [el ataque] tomar forma y materializarse en los términos que se dieron”, explica en un comunicado.
Días antes, miles de bolsonaristas destrozaron la icónica sede de los tres poderes -el Palacio presidencial del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF)-, docenas de entrenadores Procedentes de varias partes de Brasil, llegaron a Brasilia para unirse al campamento, organizado durante dos meses en protesta por la victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
A pesar de que sus miembros habían pasado semanas pronunciando consignas abiertamente golpistasel 8 de enero marcharon y saquearon la sede de los poderes sin oposición alguna de las autoridades del DF, quienes fueron acusadas de omisión y connivencia con los asaltantes.
Los atentados, que representaron el mayor atentado contra la democracia desde el fin de la dictadura, causaron graves daños al patrimonio histórico-artístico ya los espacios privados donde trabajan diariamente las máximas autoridades brasileñas.
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