
Muy poco se sabría de la masacre de trabajadores ocurrida entre 1920 y 1922, en la provincia de Santa Cruz, en el árido y ventoso suelo patagónico argentino, si no fuera por el periodista y escritor Osvaldo Bayer. Fallecido en diciembre de 2018, este obstinado revisionista de la historia abordó, durante su dilatada trayectoria, los temas que inquietan al Estado argentino por sus propias aberraciones, las cuales fueron, en su mayor parte, silenciadas.
Es precisamente en ‘Los Vengadores de la Patagonia Trágica’, la obra más difundida del pensador anarquista, donde se desentrañan las responsabilidades del gobierno de Hipólito Yrigoyen, el Ejército y la Sociedad Rural Argentina (SRA) en la ejecuciones de alrededor de 1.500 trabajadores rurales y sindicalistas. Los hechos ocurrieron en el marco de una extensa huelga en la que los trabajadores Exigían condiciones mínimas de trabajo.
Los trabajadores exigieron que no duerman más de tres hombres en habitaciones de 16 metros cuadrados, que se entregue un paquete de velas a cada trabajador por mes, que los sábados sean día de descanso, una mejora en las raciones de alimentos, una mensualidad de salario mínimo de 100 pesos y el reconocimiento de la Sociedad Obrera como única representante legítima de los trabajadores. El documento fue rechazado, la huelga duró más de lo esperado y los trabajadores y dirigentes terminaron, en su mayoría, asesinados.
Hace muchos años, la nieta de una de las víctimas inició una causa en el juzgado de Santa Cruz para averiguar dónde estaban los restos de su abuelo, fusilado junto al líder anarcosindicalista José Font, más conocido como ‘Facón Grande’, por al tamaño del cuchillo. que siempre llevaba atado a la cintura.
Por esta época, hace cien años y en el sur. El ejército, la Liga Rural y la Patriótica masacrando a los trabajadores que se habían atrevido a pedir velas, comida y que los textos de los botiquines no estuvieran en inglés. Este es Facón Grande. esta es su ultima foto #MiPatagoniaRebeldepic.twitter.com/qxEc6hfrYg
— Fernanda Sández (@Siwisi) 22 de diciembre de 2021
Esa causa nunca avanzó. Pero empezó a haber movimiento cuando, en el centenario, en junio de 2021, la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno provincial se presentaron como querellantes para que se iniciara la investigación. Por su parte, la senadora Ana María Ianni (Frente de Todos – Santa Cruz) presentó un proyecto de ley para declarar estas ejecuciones Crímenes contra la humanidad. La iniciativa contempla la creación de una comisión investigadora bicameral, para determinar qué grado de responsabilidad tuvieron las instituciones del Estado y la sociedad civil en esa masacre.
En diciembre, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos también compareció como querellante y solicitó la realización de un Juicio por la Verdad, en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas y sus familiares. Este tipo de procesos fueron activados por organismos de derechos humanos para que los crímenes cometidos durante la última dictadura militar no quedaran en la impunidad, ya sea por las leyes de obediencia debida y punto final, o por la muerte de los perpetradores.
Memoria, Verdad y Justicia
Esteban Bayer es, al igual que su padre Osvaldo, periodista e investigador. Y además de ampliar la obra esencial que dejó el autor de ‘La Patagonia rebelde’ (nombre que recibe la recopilación de los cuatro tomos del libro original, publicado entre 1972 y 1978), colabora en la investigación que pretende determinar la responsabilidad del Estado y de las instituciones de la sociedad civil.
Aunque vive en Argentina y Alemania —Osvaldo Bayer y su familia tuvieron que exiliarse un año antes de la última dictadura—, Esteban ha participado en los actos conmemorativos de la masacre del sur en su centenario, para “recordar a los jornaleros rurales y sus fusilados, los mártires de la mayor huelga de jornaleros rurales en la historia de la región”.

Estos recordatorios fueron promovidos por una red de grupos en la Patagonia, como la Comisión por la Memoria de las Huelgas de Río Gallegos, que hacen un gran trabajo visibilizando localmente dónde ocurrieron los crímenes, colocando monumentos, cambiando nombres de calles, entre otras cosas. actividades de protesta.
“En la historia argentina se repiten represiones violentas al movimiento obrero, golpes militares, fusilamientos. Luego de la última dictadura militar, los argentinos nos basamos en el lema Memoria, Verdad y Justicia. En estos actos nos dimos cuenta que la verdad había sido rescatada a través de mi investigaciones del padre, la memoria está viva en el trabajo diario de estas mesas de huelga en Santa Cruz, pero Lo que se necesitaba era justicia”dice Bayer a RT.
El periodista señala que en estos 100 años se sabía quiénes eran las víctimas, quiénes daban las órdenes de reprimir, pero la justicia argentina y el Congreso nunca abordaron el tema. “Allí nos propusimos trabajar duro para lograrlo. Sabemos que esos protagonistas de la represión están muertos, pero lo que sigue existiendo son las estructuras, las organizaciones que estuvieron involucradas en esa masacre, sean civiles o el Estado. Y estas instituciones tienen asumir sus responsabilidades”, dice.
El papel de la Sociedad Rural Argentina
Entre estas entidades no gubernamentales, aunque tradicionales e innegablemente poderosas en Argentina, se encuentra la Sociedad Rural. La SRA fue fundada en 1866 en Buenos Aires por un grupo de grandes terratenientes, con el objetivo de defender los intereses de los productores agrícolas. Expresa una ideología identificada con el liberalismo en el ámbito económico y con cierto tradicionalismo en el ámbito sociocultural. En consonancia con ello, ejerce una defensa irrestricta de la propiedad privada y el libre mercado.
“La Sociedad Rural, a través de sus dirigentes, los hacendados dueños de las estancias, Ellos fueron los que le dijeron al Ejército quiénes eran los jefes y peones a los que debían fusilar. Pero la entidad nunca hizo una autocrítica y tenía una responsabilidad muy grande”, considera Bayer.

El periodista agrega que las estructuras de poder no han cambiado a pesar del paso del tiempo. Y que las familias propietarias de esas tierras lo siguen siendo hasta el día de hoy. “El conflicto de hace 100 años fue por la esquila de la lana de oveja. Eso ya no es productivo, pero los dueños de las fincas son los dueños de la riqueza mineral que está en el suelo y que están extrayendo sin rendir cuentas. Los intereses económicos continúan. , vemos que el sector agropecuario mantiene un poder político muy fuerte y actúa siempre en beneficio propio, en esa masacre lo hizo convocando a las Fuerzas Armadas, a través de su influencia en el gobierno radical de Yrigoyen”, reseña el entrevistado.
Bayer recuerda que la llamada Conquista del Desierto encabezada por el general Julio A. Roca (1878-1885) se inició con la ocupación de tierras pobladas por pueblos originarios, masacrados por el Ejército. Y que los “afortunados” de esa campaña militar fueron los terratenientes agrupados en la Sociedad Rural: “En la Argentina nunca hubo una reforma agraria para tratar de tener una estructura más equitativa, independientemente del gobierno que hayamos tenido”.
Ahora, los impulsores de la búsqueda de Justicia para las víctimas de la “Patagonia rebelde” están a la espera de que se aborde el proyecto, pero Bayer cree que hay un interés político y que todos los datos son suficientes dictaminar que se trataba de un crimen de lesa humanidad.
Si se obtiene la sentencia, la Justicia puede ordenar al gobierno que continúe con la búsqueda y identificación de los cuerpos de los fusilados; marcar hitos en los lugares donde ocurrieron las ejecuciones (Estancias San José, Bellavista y La Mata); eliminar monumentos y nombres de calles asociados a los responsables directos e indirectos y sustituirlos por homenajes a las víctimas, articular una disculpa en nombre de los Estados nacionales y locales, entre muchas otras iniciativas.

Bayer señala que hay un “buen precedente” de hace apenas un año y medio, cuando la Justicia de la provincia del Chaco determinó que la llamada masacre de Napalpí de 1924, en la que fueron asesinadas entre 400 y 500 personas de comunidades aborígenes asesinado, fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado, en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos originarios.
“Esto sirve sobre todo para establecer y comprobar, una vez más, que los crímenes, aunque haya pasado un siglo, no pueden quedar impunes, que la sociedad argentina tiene que aclarar. ¿Por qué? Porque Si no se acaba con la impunidad, no hay garantía de que no vuelva a ocurrir”.
En el caso de los hechos ocurridos en la Patagonia, el aporte de Osvaldo Bayer con su labor investigativa es “único”, dice con orgullo su hijo, por la cantidad de material que pudo obtener a pesar del silencio del Estado y los medios de comunicación. época. “Recordemos que en ese momento no había internet, no había libros en las bibliotecas que hablaran del tema, no había documentación. Era un tema que fue silenciado por la historia oficial argentina. Los responsables no hablaron por obvio razones. Y los familiares de las víctimas tampoco lo hicieron por miedo. Mi padre tuvo la suerte de hablar con muchos de los sobrevivientes y protagonistas de todos lados, familiares de huelguistas, algunos dirigentes que aún vivían y con algunos oficiales que dirigía las ejecuciones”, remarca.
Hoy, si uno recorre la provincia, está el recuerdo de los fusilados en los lugares de memoria, en los monumentos, en los museos. Y en buena medida es gracias a Osvaldo Bayer: “En los recordatorios vemos que aquella semillita que sembró mi padre dio frutose ha convertido en un árbol y hoy la gente sigue denunciando lo que pasó hace 100 años”.

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