La “guerra” de Cristina Kirchner contra el Poder Judicial -siempre fue aficionada a las metáforas bélicas- comenzó como una ambiciosa ofensiva. Al mismo tiempo, buscaba la inmunidad penal, desplegaba un sistema de poder hegemónico y aseguraba un reclamo en los libros de historia. Una empresa proporcional a la autoestima de un líder iba “a por todo”.
Los argumentos de la sentencia en el caso Carretera sellaron su primera batalla perdida. El detalle con el que se expusieron sus corruptos negocios con Lázaro Báez la perjudicó en la disputa simbólica.
La Sala de lo Penal sustanció las pruebas, testimonios, documentos y chats que acreditaron la defraudación al Estado a través del abordaje y cartelización de obra pública en Santa Cruz. Y explicó cómo los Kirchner obtuvieron dinero ilegal de sus relaciones “promiscuas” con la repentina megaconstructora.
Los jueces rebatieron el argumento político central en el que Cristina basó su defensa. Consideraron la denuncia del “lawfare” una “teoría de la conspiración”, que es utilizada como “una mera coartada para no rendir cuentas” por una “colosal” corrupción.
El proceso judicial se dilatará en los recursos cruzados en la Cámara de Casación y los posteriores recursos ante el Tribunal Supremo, que deberá revocar o dejar firme la sentencia.
El debate sobre un posible juicio político en una Comisión de Diputados busca deslegitimar a la Corte, desacreditarla más que…
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