
El presidente no se lleva bien con el poder. Cada vez que, a su manera, trata de ejercerla, deja jirones de su autoridad residual en el camino.
Se enfrentó al gobierno porteño, para satisfacer un requerimiento del vicio, y perdió en la Justicia. Amenazó con desobedecer a la Corte –también en línea con los deseos de Cristina–, pero cuando se dio cuenta de los costos se echó atrás. Mientras tanto, tuvo que soportar pedidos de suspensión como profesor adjunto de la Facultad de Derecho. Una mancha innecesaria en el supuesto prestigio académico del que suele presumir.
El presidente resolvió, por decreto, pagar en bonos lo ordenado por la resolución judicial. Un atajo para driblar las consecuencias penales del desacato. Y para apaciguar la inquietud de los mercados ante tal amenaza a la seguridad jurídica.
Es una salida inviable, por razones legales, políticas y económicas.
No se ajusta a la sentencia. Corresponde que los fondos se depositen diariamente, en forma automática y en moneda de curso legal. Otros casos de coparticipación mal liquidada, la Justicia solo aprobó la cancelación de la deuda acumulada con títulos públicos, no los giros corrientes. Y lo hizo siempre que hubo acuerdo entre las partes, requisito ratificado en la sentencia. No es el caso.
El pago con valores públicos también implica, en la práctica, una deducción. Para obtener el efectivo, el gobierno de Buenos Aires tendría que venderlo en el mercado, con un descuento sobre el valor nominal. Las estimaciones…
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