Publicado:
17 de febrero de 2023 01:31 GMT
La organización señaló que fueron utilizados especialmente contra indígenas y campesinos en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Amnistía Internacional denunció este jueves al Gobierno de Perú por el “uso ilegítimo de armas letales” de forma “indiscriminada, especialmente contra indígenas y campesinosen el contexto de la represión” de las protestas que se desarrollan desde el 7 de diciembre en todo el país.
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara-Rosas, afirmó que un equipo de Amnistía Internacional recolectó información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.
Dicho informe fue compartido con la presidenta interina Dina Boluarte, durante una reunión realizada este miércoles en Palacio de Gobierno en Lima.
“Con un saldo de 48 personas muertas por represión estatal11 en tranques y un policía, así como cientos de heridos en un trágico período de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido, desde hace más de dos meses, que el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno en ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, dijo el mandatario en un comunicado.
La organización indicó que realizó su análisis en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, tomando también datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
“Amnistía Internacional demuestra que en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la violenta represión estatal contra las protestas”, fijado Guevara Rosas en conferencia de prensa.
racismo sistémico
La investigación revela que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se concentra desproporcionadamente en regiones con mayoría de población indígena (80%)a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como Lima.
Según el informe de la organización, esta “evidencia apunta a que las autoridades han actuado con un marcado sesgo racista, sin piedad contra quienes poblaciones históricamente discriminadas“.
“No es casualidad que decenas de personas manifestaron a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades los trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico, arraigado en la sociedad peruana y sus autoridades desde hace décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida. como castigo a las comunidades que han alzado la voz”, agregó Guevara Rosas.
En enero, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra la presidenta interina Dina Boluarte y varios ministros de su Gabinete por la muerte de civiles en el marco de las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo por parte del Congreso, y para exigir la renuncia del actual mandatario y de todo el Parlamento.
El martes, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú presentó una denuncia penal contra Boluarte, así como contra ministros de Estado y efectivos de la Policía Nacional, por la muerte de seis manifestantes en la región Apurímac.
Los asistentes a las protestas, que aún se desarrollan en las calles de todo el país, también piden elecciones anticipadas, Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y justicia para las víctimas de la represión.
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