Publicado:
22 de febrero de 2023 20:45 GMT
El acusado es presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, una organización privada de extrema derecha y ultraconservadora que se opone al Gobierno.
La audiencia para iniciar el juicio contra el opositor boliviano Rómulo Calvo, presidente de la organización ultraconservadora Comité Cívico pro Santa Cruz, fue suspendida este miércoles a pedido de la parte acusadora.
El juicio estaba programado para este miércoles a las 9:00 de la mañana, pero fue aplazado a petición de los abogados querellantes al alegar problemas de salud, según explicó el propio Calvo, citado por ABI, al salir del Palacio de Justicia de la provincia de Santa Cruz, el departamento más poblado del país.
Calvo consideró que el caso en su contra no tiene “solvencia” y que a su juicio la justicia sería “servil” a los intereses de la Fiscalía. Por su parte, Martín Camacho, abogado de Calvo, explicó a medios locales que el juez a cargo del caso ordenó que la audiencia se reanude el 8 de marzo.
Calvo, identificado como un “cívico” de Santa Cruz, región ubicada en los llanos orientales de Bolivia, fronteriza con Brasil y considerada bastión de la oposición boliviana, fue imputado por la Fiscalía en abril de 2022 por la supuesta comisión del delitos de incitación al racismo e insulto a los símbolos patrios.
El conservador santacruceño y miembros de la organización que encabeza, protagonizaron una serie de incidentes en Santa Cruz durante el año 2021 las cuales fueron calificadas de denigrantes y discriminatorias contra la bandera wiphala, estandarte considerado sagrado y ancestral para las comunidades indígenas.
Ofensas contra el whipala
El primero de ellos ocurrió en abril de 2021, cuando las autoridades locales de Santa Cruz negaron la palabra al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, en un acto público. El mismo día, Integrantes de “Pro Santa Cruz” bajaron la fusta de un mástil que momentos antes había sido izada por el vicepresidente boliviano.
Luego, en octubre de 2021, Calvó volvió a atacar la bandera diciendo que era “un trapo” que no representaba al pueblo de Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”Dijo el opositor rechazar una actividad pública denominada “wifalazo”, que fue organizada por comunidades nativas para promover el reclamo de ese símbolo.
La wiphala, detalla ABI, es una bandera cuadrangular de siete colores que representa el sistema comunitario basado en la equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad. Además, es un emblema de la resistencia de los pueblos indígenas Bolivia y gran parte del continente americano.
El Comité Cívico por Santa Cruz
El Comité Cívico por Santa Cruz es una organización privada con fines políticos, ultraconservadora y de extrema derecha, que se ha relacionado con planes sediciosos en los diferentes periodos del gobierno de Evo Morales y actualmente contra la administración de Luis Arce.
Los miembros de esta organización fueron uno de los principales impulsores en 2008 de la idea de separar la provincia de Santa Cruz de Bolivia y declarar su autonomía, una de las crisis políticas más importantes que enfrentó el expresidente Morales, que incluyó acciones de violencia callejera y actos de desobediencia civil.
En 2019, el Comité por Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho –luego gobernador de esa provincia– promovió acciones callejeras violentas y desconocimiento de los resultados electorales que le dio una nueva victoria en la presidencia a Evo Morales.
La crisis política que, en buena medida, impulsó el Comité por Santa Cruz para deslegitimar la victoria de Morales logró dar el golpe de Estado contra Morales en 2019e imponer el régimen de facto liderado por Jeanine Áñez.
Actualmente, tanto Áñez como Camacho se encuentran privados de libertad en Bolivia. El expresidente de facto fue condenado a 10 años de prisión por incumplimiento del deber y resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del golpe de Estado contra Morales.
Por su parte, Camacho se encuentra preso por la pena de cuatro meses de prisión preventiva que le impuso la justicia a fines de diciembre, acusado por el presunto delitos de terrorismo, sedición y concierto para delinquir, por el golpe. Además, está siendo investigado por un presunto caso de agresión sexual cuando era menor de edad y que habría sido perpetrado en 1987 contra una niña de cinco años.
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