Ciudad de Panamá — La nueva ley que protege el contrato de First Quantum Minerals para explotar cobre del subsuelo panameño durante los próximos 40 años y que genera protestas en Panamá desde hace dos semanas es inconstitucional, según el Ministerio Público.
Así lo dieron a conocer el Procurador de la Administración, Rigoberto González, y el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo.
Pese a la relevancia de los conceptos de los abogados, la última palabra en materia de inconstitucionalidad la tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tribunal que puede ponderar estos pronunciamientos para su decisión final.
La opinión de González se basó en la demanda interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano, uno de los tres juristas que demandaron por inconstitucional esta nueva ley de contratos.
El documento, al que tuvo acceso Bloomberg Línea, detalla que el contrato es inconstitucional porque, nuevamente, no hubo licitación pública para el otorgamiento de este contrato que reemplaza la Ley 9 de 1997 con la que operó First Quantum Minerals, y que fue declarado inconstitucional por la CSJ en 2017.
Debido a la inconstitucionalidad, la actual administración negoció con la empresa y aprobó la Ley 406, lo que ha generado rechazo ciudadano en las distintas calles del país exigiendo su derogación.
Él Abogado Administrativo Señala que al no existir un carácter de bienestar social e interés público, se viola la Constitución de Panamá.
Su comunicado también detalla que no hubo una consulta pública efectiva y previa que garantizara el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en general.
Otro de sus argumentos es que no se realizó un análisis para determinar si el contrato de concesión era “bueno y suficiente” y la CSJ se pronunció sobre ese asunto en su sentencia de inconstitucionalidad de diciembre de 2017.
En opinión del Procurador de la Administración, la norma también es inconstitucional porque el nuevo contrato de ley “restringe el acceso a la justicia” y por la naturaleza del contrato de concesión “hay un impacto ambiental significativo”.
A su vez, la nueva ley compromete el espacio aéreo, terrestre y otros bienes que no pueden ser objeto de apropiación privada y permite la aprobación de bienes por parte de Estados extranjeros, agrega el concepto de la Procuraduría General de la República.
“Hemos tenido ante nosotros la visión del Estado y esa visión es asumir posiciones acordes con los intereses del Estado. Esto lo sostienen los dueños del poder: el pueblo, ¿quién es el que ha dado origen a que las cosas sean como están? Cuando los ciudadanos salen a protestar es con justa razón”, dijo a los medios Rigoberto González.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación, José Caraballo, también confirmó que la ley de contratos 406 es inconstitucional. Su afirmación surge del primer reclamo de inconstitucionalidad de la nueva ley, presentado por la abogada Martita Cornejo.
Entre los argumentos de Caraballo está que según las funciones de la Asamblea Nacional, la competencia del Órgano era aprobar o desaprobar el nuevo proyecto de ley de contratos. Sin embargo, sugirió al Ejecutivo la modificación de la ley, lo que viola la Constitución.
Esta modificación que cita Caraballo fue el momento en que el Ejecutivo eliminó los polémicos artículos de la ley que permitían a la minera expropiar tierras y ocultar a los beneficiarios finales del proyecto.
Asimismo, el escrito de Caraballo menciona que “no pasa desapercibido” que el entonces proyecto de ley no “pasó” por el proceso de consulta ciudadana establecido en la ley que adoptó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental. en América Latina y el Caribe firmado en Escazú, Costa Rica, o también llamado “Acuerdo de Escazú”.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la derogación del contrato ley 406 de Primeros Minerales Cuánticos y el Presidente convocó a sesiones extraordinarias de los diputados de la Asamblea para discutir la ley que establece la consulta para que la ciudadanía decida si avala o no la Ley 406 y otro proyecto que establece la moratoria minera en el país y que a su vez deroga la Ley 406.
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