
Las acusaciones de injerencia del lado peruano y el deseo boliviano de que la democracia regrese al país vecino han aumentado las fricciones entre ambas naciones.
Las acusaciones entre Perú y Bolivia, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, han ido aumentando en intensidad desde hace un mes, hasta escalar al punto de máxima tensión que involucra a las cancillerías de ambos países y que pone en vilo las relaciones diplomáticas.
La víspera, La Paz respondió a través de sus redes sociales a Lima, que la acusó de cometer actos de “interferencia“e intervenir en su política interna.
En un trino, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia aseguró que “respeta el derecho internacional y el principio de no intervención”.
“No aceptamos la insinuación de una supuesta injerencia en los asuntos internos de la República del Perú, con quienes mantenemos una relación histórica entre naciones hermanas“, dice el breve escrito.
El Estado Plurinacional de Bolivia respeta el derecho internacional y el principio de no intervención; No aceptamos la insinuación de una supuesta injerencia en los asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una relación histórica entre naciones hermanas.
– Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) 23 de enero de 2023
Estas declaraciones son en respuesta a un par de tuits emitidos por Torre Tagle donde se informa que se entregó nota al embajador boliviano en el que “se transmite una enérgica protesta” por las declaraciones del presidente de ese país, Luis Arce, “sobre temas de política interna”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó hoy una nota al Embajador de Bolivia a través de la cual transmite una enérgica protesta contra las declaraciones del Presidente Luis Arce en temas de política interna. Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia.
– Cancillería Perú 🇵🇪 (@CancilleriaPeru) 23 de enero de 2023
la cuerda se aprieta
Además de su denuncia, Lima sostiene que “Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia”, por lo que en las próximas horas se podrían conocer nuevos pronunciamientos.
La carta más reciente sobre el futuro próximo de las dos naciones la puso sobre la mesa María del Carmen Alva, diputada del derechista Partido Acción Popular y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Tras una reunión con la canciller Ana Cecilia Gervasi, no descartó una ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia, informa La República.
Me reuní de urgencia con el Canciller para conocer las medidas que tomará el Ejecutivo ante las continuas injerencias e intrusiones que cometen los Presidentes. de Bolivia y Colombia, lo que debilita las relaciones con los países hermanos. ¡Defenderemos nuestra soberanía y democracia! pic.twitter.com/2QKwN2ulps
— Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) 23 de enero de 2023
Alva aseguró que durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realiza en Argentina, la canciller peruana sostendrá una reunión con su homólogo boliviano, Rogelio Mayta, “para tomar una decisión”.
Dedos a Bolivia
En el ambiente convulso que se vive en las calles de Perú, sacudido por protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, el Ejecutivo apunta a La Paz. Hasta el momento se registran 62 muertos en las movilizaciones, según cifras extraoficiales; y 56, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.
Paralelamente, organismos internacionales han alertado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad presentes en las manifestaciones protagonizadas por campesinos del sur y oriente del país, en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos.
Distintos miembros del Gabinete peruano coinciden con sectores de extrema derecha en calificar al vecino país como un factor desestabilizador que desde hace meses se ha caldeado el ambiente para que se realicen las manifestaciones y que incluso ha facilitado las armas con las que han sido asesinados algunos de los participantes en las marchas.

Las más recientes afirmaciones en ese sentido las hizo el diputado derechista Ernesto Bustamante, quien planteó como salida una invasión militar a Bolivia, si no hacía caso al ultimátum de Boluarte de “detener el apoyo material y financiero a los terroristas en Perú”.
Ya la semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otálora, dijo que había “pistas y evidenciaque durante las protestas se utilizaron proyectiles y armas de la vecina nación. Sin embargo, estas acusaciones, aún sin pruebas públicas, parecen deslegitimar la existencia de los manifestantes que han dejado sus remotos pueblos rumbo a la capital peruana para exigir ser tomados en cuenta. por el Estado, después de años de abandono.
¿Qué dijo La Paz?
Un día antes de la respuesta a Lima a través de la cuenta de Twitter de la Cancillería de Bolivia, los medios de comunicación difundieron un comunicado del presidente Luis Arce, donde mencionaba los conflictos cercanos y hacía referencia a sus países vecinos.
“En Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una luchar por recuperar su democracia, y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente”, dijo el mandatario boliviano.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se trata de “un interferencia inaceptable en asuntos que sólo son de los peruanos”, según sus últimos trinos.

El 7 de diciembre, Arce también se pronunció en contra de la destitución de Castillo y le manifestó su apoyo, a través de varios tuits donde escribió que “desde un principio” la derecha peruana había tratado de “derrocar a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo”.
Si bien este ha sido el intercambio más directo tras el recrudecimiento de la crisis política peruana, desde que el maestro rural lograra la victoria en las elecciones de 2021, los sectores de la oposición y, más recientemente, el primer ministro de ese país han catalogado al expresidente boliviano, Evo Morales, como el “cerebro” de una operación de desestabilización que se ha ido afinando con cada visita que ha realizado al territorio vecino.
Fueron tantas las acusaciones en su contra que a principios de enero se prohibió la entrada al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) al Perú por considerar que su presencia afectaba la seguridad nacional y el orden interno. Sin embargo, los seguidores de Castillo iniciaron las protestas apenas se conoció la decisión de declarar la vacante y ya en 2021 habían llevado a Lima a esperar que se conocieran los resultados que lo daban como ganador.
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