Amnistía Internacional sostiene que en 2022, en España, se ha agudizado “el clima de impunidad y falta de rendición de cuentas” por la violación de los derechos humanos debido a que, entre otras cuestiones, las autoridades no han investigado las masacre de la valla de melilladonde entre 27 y 37 personas perdieron la vida intentando entrar en el país europeo por la frontera que lo separa de Marruecos.
Esta es una de las conclusiones del informe de 2022 del organismo internacional, que también destaca más situaciones que denuncia: el espionaje a políticos catalanes y miembros de la sociedad civil, la persistencia de la violencia contra las mujeres, la criminalización de la violencia sexual laboral, la falta de protección de los derechos a la vivienda y la salud o la coacción de los derechos de reunión y libertad de expresión, entre otros.
En sentido positivo, la institución destaca la nueva legislación que elimina las barreras al acceso al aborto, la “histórica” ley de autodeterminación de género o las nuevas medidas que se dieron contra la impunidad de las violaciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. franquista.
Derecho a la privacidad
Amnistía Internacional se hace eco del uso de la programa espía pegasus de la empresa israelí NSO Group, utilizada para infectar los teléfonos móviles de políticos catalanes, así como de periodistas, abogados y familiares del círculo independentista.
Recoge que, en mayo, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió que el organismo a su cargo fue responsable de varios de estos espionaje.
Asimismo, el Gobierno de España también confirmó que los teléfonos oficiales del Presidente, del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa habían sido infectados con Pegasus. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia abrió una investigación sobre estos hechos, mientras que las pesquisas se referían al espionaje en el ámbito independentista se quedó estancado en las cortes catalanas.
Violencia sexual y de género
En cuanto a la violencia contra la mujer, la organización sin fines de lucro informa que durante el año 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejasincluido el homicidio de dos niños en el contexto de agresiones a sus madres.
Asimismo, se felicita al Ministerio de Igualdad por empezar a recopilar datos sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de personas que no son sus parejas o exparejas.
También considera positiva la entrada en vigencia de la Ley para la Protección Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, que modificó el Código Penal redefiniendo los delitos de violencia sexual, centrándolos en la ausencia de consentimiento.
Además, destaca la reforma de la ley de derechos sexuales y reproductivos para eliminar el requisito del permiso de los padres para las jóvenes de 16 y 17 años que deseen abortar, así como otras barreras, por ejemplo, el periodo de reflexión. o la falta de acceso. a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.
derecho a la salud
La institución también critica que los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, hayan asignado un presupuesto pobre para abordar el derecho a la salud, citando un 14% dedicado a la atención primaria, frente al mínimo del 25% recomendado por la OMS. Al mismo tiempo, denuncia que varias regiones, en concreto Aragón y Castilla La Mancha, redujeron sus presupuestos sanitarios respecto a 2021.
Como aspecto positivo de este apartado, se destaca que a finales de año se ha producido una nueva estrategia de salud mentalcon un alcance de 5 años, que comenzó a implementarse después de un paréntesis de 15 años.
Falta de investigación sobre muertes de adultos mayores durante la pandemia
Un apartado específico merecen las muertes de personas mayores dependientes acaecidas durante la pandemia del coronavirus. Amnistía critica enérgicamente que las autoridades “no investigarán adecuadamente” estas muertes.
Así, señala que alrededor del 90% de las investigaciones iniciadas por los fiscales fueron archivadas, a pesar de que el Ministerio Público había reconocido que las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en las residencias de ancianos.
La mayoría de las comisiones regionales de investigación corrieron la misma suerte, a pesar de las denuncias recogidas por el Defensor del Pueblo.
derecho a la vivienda
El problema de acceso a la vivienda que sufre el país desde hace años, con precios elevados tanto en alquiler como en compra, también ha merecido mención de la entidad, que se hace eco de que, entre enero y septiembre del año pasado, hubo 29.285 desalojos domicilio habitual.
Si bien el Gobierno renovó, de junio a diciembre, la suspensión de desalojos para personas vulnerables, la medida no se aplicó a miles de personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a esta categoría.
También se señala la pobreza energética de las familias, con un 14,3% de la población incapaz de mantener su hogar a una temperatura adecuada, 3,4 puntos por encima de 2020.
Especialmente relevante en este sentido es la situación del barrio de Cañada Real en Madrid, donde unas 4.500 personas, entre ellas aproximadamente 1.800 niños, no tienen acceso a la electricidad desde 2020.
Críticas al trabajo policial
El informe destaca la preocupación por los entrenamientos y protocolos para el uso de armas por parte de varios cuerpos policiales del país, luego de que el Ministerio del Interior incluyera la equipo de descarga electrica.
En este sentido, la muerte de un hombre en Barcelona lleva el nombre de que agentes de la Policía autonómica le aplicaran varias descargas eléctricas en noviembre de 2021, incluso cuando ya estaba inmovilizado. Aún no se han presentado cargos contra ningún sospechoso en este caso.
Asimismo, la presencia de personas gravemente heridas por Pelotas de goma disparados por la Policía durante las manifestaciones, que corren “el riesgo de que se les niegue justicia, ya que los fiscales tenían previsto cerrar las investigaciones penales por la falta de colaboración de la Policía”, señala el texto.
Las críticas más duras en este apartado son para la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que, a su juicio, limita la libertad de expresión de manifestantes y periodistas. Así, los datos recopilados muestran un aumento en el número de multas impuestas por delitos “vagamente definidos”, como la falta de respeto a un agente o la desobediencia o la resistencia.
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