Durante meses, nadie esperaba un fallo diferente al emitido por la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie en los Tribunales; nadie en el Congreso tampoco; ninguno entre los gobernadores; nadie en la Casa Rosada.
Las audiencias de conciliación promovidas por la Corte entre los representantes de Alberto Fernández y los de Horacio Rodríguez Larreta dejaron en claro que el decomiso de fondos al gobierno porteño, ordenado por el Ejecutivo nacional para rescatar a Axel Kicillof de un motín policial en medio de una pandemia, carecía de fundamento legal para sostenerse en el tiempo.
Desde un principio, la representación del Estado federal estuvo encomendada al ministro Eduardo de Pedro y éste la delegó en un funcionario de segunda línea que luego se haría célebre por un interregno tan breve como caótico al mando de la Secretaría de Economía: Silvina Batakis.
Con una buena relación con la liga de gobernadores, Batakis enmarcó de manera equivocada la defensa técnica del Estado federal. Desde el kirchnerismo siempre se sostuvo, como factor de presión política sobre los jueces, que el conflicto era entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las jurisdicciones provinciales. Que la devolución de fondos reclamada por Rodríguez Larreta implicaría un retiro de recursos en todas las provincias argentinas. Una disputa sobre la participación secundaria.
A instancias del Ministro del Interior, quien también es…
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