Publicado:
20 de febrero de 2023 01:35 GMT
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que confía en que “el trabajo conjunto continuará en pro de los intereses comunes” de ambos países.
El Gobierno de Colombia aseguró este domingo que la decisión del Congreso peruano de declarar non grata al presidente Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones sobre la Policía Nacional del Perú, no afecta los vínculos entre Bogotá y Lima.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la medida es “una acto de carácter político del órgano legislativo del Perúque no comprometa al pueblo y, por tanto, no afecte la relación histórica con la hermana nación”.
La decisión, que fue aprobada por mayoría del Congreso peruano, se produjo en reacción a los comentarios de Petro durante una reunión con embajadores, donde afirmó que “en Perú marchan como nazis contra su propio puebloviolando la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en alusión a la Policía, que la víspera realizó un amplio despliegue contra una manifestación en el centro de Lima en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte.
La moción indica que hubo una ofensa contra la Policía Nacional por parte del presidente colombiano y pide a la Cancillería que se asegure de prohibir su ingreso a territorio peruano. También se censuran las palabras de Petro calificándolas de “banalización del holocaustoen grave detrimento del pueblo judío”.
Por su parte, la Cancillería colombiana reiteró “su confianza en que la democracia y el estado de derecho prevalecerán” en el vecino país para llegar a una solución a la actual crisis, “a través de la diálogo social amplio e inclusivosiempre en concurrencia con el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Asimismo, agregó que confía en que “se seguirá trabajando en conjunto para promover los intereses comunes” de ambos países en el marco de “históricas relaciones de hermandad y buena vecindad”.
Protestas en Perú
Desde diciembre pasado, masivas protestas se desarrollan en Perú exigiendo la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones anticipadas, reformas a la Constitución y la liberación de Castillo, quien fue destituido por la Legislatura el 7 de diciembre.
Las manifestaciones han acabado en enfrentamientos entre la población y los agentes, dejando un saldo de 60 muertos y casi 2.000 heridosen medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
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