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Constitucional de Bolivia valida unión civil entre personas del mismo sexo y promueve reformas

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Publicado:

22 de marzo de 2023 23:09 GMT

El organismo anunció la sentencia sobre un caso que duró cinco años.

La Corte Constitucional Plurinacional de Bolivia validó por primera vez la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y llamó a la Asamblea Legislativa a realizar reformas que reconozcan este derecho a nivel nacional.

La sentencia, que sienta un precedente en las luchas de los colectivos LGTBIQ en este país tiene fecha de junio de 2022 pero se publicó recientemente en la página del Juzgado y en los próximos días la pareja beneficiaria recibirá notificación formal.

Además, abre la puerta para avanzar en el matrimonio igualitario, que ya está vigente en la mayoría de los países de la región, y que aún no es reconocido como tal en la nación andina.

La resolución de la Corte concluye un proceso que David Aruquipa y Guido Montano Comenzaron en 2018, cuando impugnaron una decisión del Servicio de Registro Cívico (Sereci) que se negó a registrar su sindicato.

En diciembre de 2020, el Órgano Electoral Plurinacional les dio la razón en un fallo prejudicial, que les permitió firmar la “unión libre” ese mismo mes, pero la última palabra la tuvo la Segunda Sala Constitucional, que se necesitaron dos años más para dar una respuesta confirmar la validez del procedimiento.

Derechos

La sentencia difundida esta semana consta de 40 folios que describen el caso y anula la resolución del Registro Cívico que se negó a inscribir la unión de Aruquipa y Montaño.

También reconoce el derecho de la pareja a la igualdad y a no ser discriminado por su orientación sexual e identidad de género.

En otro de sus apartados, insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional “a adecuar la norma interna que regula los derechos de las personas LGBTI, a los estándares de protección establecidos en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Esto significa que el Poder Legislativo debe elaborar proyectos de ley que garanticen el derecho de las personas del mismo sexo a unirse legalmente, lo que evitará que cada pareja tenga que llevar su caso a juicio.

Por otro lado, la sentencia ordena a la Defensoría del Pueblo dar seguimiento permanente a las medidas legislativas, administrativas y judiciales que el Estado impulse en pos de la protección de los derechos de las personas LGBTI.



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