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Demandan al ministro del Interior y al jefe de la Policía de Perú tras la irrupción en una universidad de Lima

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Publicado:

22 de enero de 2023 14:47 GMT

La operación resultó en la detención “arbitraria” de al menos 205 personas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú interpuso este domingo un recurso de apelación contra el ministro del Interior del país, Vicente Romero, y el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado, tras el operativo en las instalaciones de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima (UNMSM).

Dos abogados de la organización interpusieron un recurso de hábeas corpus, alegando “arbitrariedad” en las detenciones este sábado en el campus de la principal universidad de la capital.

La Policía irrumpió con tanquetas en las instalaciones de la UNMSM para desalojar a los manifestantes que desde hace cuatro días se encontraban en el establecimiento para apoyar las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La operación terminó con la arresto de al menos 205 personasrecogen los medios locales.

Durante la intervención se grabaron videos que revelan la maltrato policial hacia las personas que ya estaban reducidas. Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer policía humillando a un ciudadano que estaba tirado en el suelo.

Además, desde la CNDDHH han denunciado que “los derechos procesales no están garantizados de las personas intervenidas ni condiciones mínimas para su integridad física y emocional”, indicando que no han tenido acceso a sus abogados.

Por su parte, desde la misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han realizado una llamó a las autoridades del país garantizar la “legalidad y proporcionalidad” de la intervención.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su “preocupación” por la “incursión policial, desalojo y detenciones masivas” en la UNMSM y ha instado al Estado a “rendir cuentas de los hechos y garantizar la integridad y el debido proceso de todas las personas”.

El Defensor del Pueblo, a su vez, preguntó no afectar el integridad de las mujeres detenidas. “En el caso de las mujeres detenidas, los registros no deben afectar su integridad corporal y seguridad (desnudez, tocamientos)”, afirmó.



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