Denuncian el desalojo forzoso de migrantes de un asentamiento de chabolas al sur de España

Diversas organizaciones y ciudadanos denuncian el desalojo forzoso del barrio chabolista de Walili, en la provincia española de Almería, al sur de España. Acerca de 450 migrantesen su mayoría trabajadores agrícolas, se han visto obligados a marcharse este lunes sin que sus alternativas de vivienda estén claras.

El desalojo se produjo en medio de un fuerte despliegue de la Policía Municipal de Níjar, municipio en el que se encuentra el asentamiento, y de la Guardia Civil. Además, se informa que cuando comenzó a realizarse hubo un sospechoso incendio que comenzó a destruir todas las chabolas.

El desalojo, respaldado por una orden judicial, había sido anunciado semanas antes y la fecha prevista era el 30 de enero. Así, durante el fin de semana numerosos trabajadores habían estado abandonando la colonia. Sin embargo, todavía había muchos trabajadores que no tenían a dónde ir.

Estas personas fueron trasladadas en autobús a un depósito, según ha informado la plataforma Derecho a un Techo, así como otros testigos, que han documentado todo el proceso que se inició a primera hora de la mañana, bajo temperaturas que rondan los 5 grados.

Denuncia por falta de alternativa de habitabilidad

Varias ONG han desplegado fuertes críticas acusando al Ayuntamiento, en manos del Partido Socialista, de no tener una alternativa para los trabajadores inmigrantes desalojados.

Según Derecho a Techo, la alternativa del Ayuntamiento es 62 módulos en construcción ubicado en un polígono industrial –Los Grillos–, que tendría capacidad para albergar unos 150 personas por un periodo máximo de dos meses. Sin embargo, no hay solución para el resto de habitantes de la villa, y no se sabe cuál es la alternativa una vez transcurridos esos dos meses.

“Hay autobuses para transportar a los vecinos desahuciados de Walili sin más alternativa que la meteorología, con frío siberiano y lluvia, y la actuación de los técnicos para convencerles, y han subido para ir a un almacén en Los Grillos en Níjar bajo promesas y desesperación”, relata la plataforma a través de Twitter.

Una de las entidades que denunciaron esta situación fue la Diócesis de Almería. La institución católica emitió un comunicado el pasado 25 de enero para advertir de que el desalojo estaba previsto “sin que el Ayuntamiento de Níjar les hubiera facilitado una alternativa habitacional viable”.

La Diócesis criticó que “las personas que residen en El Walili viven este proceso con incertidumbre, tensión, sospecha y miedosy sostiene que durante el proceso no parece que “se les haya considerado como sujetos adultos y protagonistas de su historia”. Además, advierte que si el desalojo no va asociado a un realojo “digno y razonable”, serían violando los derechos fundamentales de las personas“.

“La gente se va a quedar en la calle. Todos estos no encuentran casa. Ninguna. Entonces nos están tirando de unos tugurios donde estamos refugiados, sí, somos refugiados, pero porque ningún español quiere alquilarnos una casa. Causa desilusión”, dijo uno de los vecinos de este barrio mientras tomaba “el último café en Walili”.

Presencia de parlamentarios

Durante el desalojo estaban presentes el diputado autonómico andaluz de Podemos, José Manuel Gómez Jurado, y la diputada de la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé.

El primero ha explicado que el asentamiento de Walili no es temporal, sino que toma establecida hace unos 15 años y que a pesar de sus malas condiciones, ha sido el “hogar por muchos años” de estos trabajadores migrantes.

Gómez Jurado también ha informado de que en el dispositivo iban más de 60/70 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que sólo había una trabajadora social y un traductor. “Cuestión de prioridades” ha sentenciado.

Por su parte, Mbayé, que intentó mediar durante el proceso, dijo que la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, hizo acto de presencia al término del desalojo y prometió hablar para buscar soluciones al problema.

Los eurodiputados de Podemos han presentado una Pregunta a la Comisión Europea sobre esta operación: “¿Cómo valora la Comisión el desalojo sin vivienda alternativa en El Walili? ¿Cómo pretende la Comisión proteger el derecho a la vivienda de las personas desalojadas?“, retoma el texto.

Un campamento desalojado en llamas

Durante el desalojo se produjo un incendio que obligó a actuar a los Bomberos, que se habían presentado junto a la Policía y la Guardia Civil antes de las ocho de la mañana.

Representantes de diversas organizaciones han cuestionado si se trató de un incendio fortuito o de una estrategia del Ayuntamiento para obligar a los migrantes a abandonar sus residencias. Así le preguntó Mbayé: “¿Casualidad o estrategia para sacar a la gente?”. Se preguntó en su cuenta de Twitter.

Desde Derecho a Techo, su portavoz, Fernando, ha asegurado que este tipo de medidas no solucionan el problema de viviendas precarias para trabajadores agrícolas migrantes y que lo único que se ha conseguido con esta actuación ha sido engrosar el resto del asentamiento en la provincia de Almería.

La campiña almeriense bajo lupa

En la provincia de Almería, la importancia de la agricultura para su economía es fundamental. Su modelo de negocio, que le permite ser uno de los mayores exportadores al resto de Europa, se caracteriza por un uso intensivo del suelo. Gigantescas extensiones de plástico pueblan la regiónalbergando los invernaderos que producen frutas, verduras y hortalizas durante todo el año.

Este uso intensivo del suelo hace que también se necesite una gran cantidad de mano de obra. La gran mayoría de los trabajadores temporales son migrantes y, respecto a sus precarias condiciones de vida y de trabajo, las denuncias se repiten reiteradamente.

Sólo en Níjar, municipio de poco más de 30.000 habitantes, se estima que hay más de 4.000 trabajadores agrícolas que viven en barrios marginales: Walili, Casillas de Atochares o Don Domingo son algunos de los alrededor de 40 que estiman ONG y sindicatos.

En los últimos dos años, hay al menos media docena de incendios En estas localidades, la que tuvo lugar en octubre de 2020 en Don Domingo dejó como resultado 80 viviendas incendiadas y alrededor de 20 heridos.

En estos asentamientos no suele haber agua corriente ni potable, ni electricidad ni baños. Además, viven prácticamente aislados de la población autóctona.

Algunos tienen documentos y otros están en el país en situación irregular, lo que termina en un círculo vicioso: con lo que ganan como jornaleros, menos lo que envían a sus familias en sus países de origen, no alcanzan para alquilar un casa. Sin domicilio, no pueden ser inscritos en el censo y por lo tanto no pueden acreditar su permanencia y aspirar a regularizar su situación.