“Se han utilizado armas letales, al menos en Ayacucho, Apurímac y Puno, y eso es algo que no se ha visto en Lima”, dijo a RT Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
Han cesado las manifestaciones masivas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pero continúan las investigaciones independientes. Primero hubo informes de organizaciones locales de derechos humanos, luego Naciones Unidas, el periódico estadounidense The New York Times y ahora Amnistía Internacional (AI). La conclusión es la misma: hubo represión estatal.
AI presentó este martes un informe anual que abarca 2022 y los primeros meses de este año, en el que destaca la crisis política generada tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte, que provocó múltiples protestas y casi 70 muertesde los cuales 49 eran civiles que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad pública.
AI recomendó acabar con el uso de armas letales y evitar el uso de armas potencialmente letales para dispersar las movilizaciones, sin embargo, hubo una omisión por parte del Estado peruano, que continuó con estas prácticas.
Quisieron silenciar al Informw cerrando el LUM y en estos momentos hay sala llena en la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional. Han habilitado un ambiente más por el número de asistentes pic.twitter.com/4g2WfSoL0j
— Karen Paola Bernedo (@KarenBernedo) 29 de marzo de 2023
“Los pellets se han utilizado indiscriminadamente. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta (de las autoridades) sobre el cese del uso de perdigones y otras armas menos letales, pero que también han resultado fatales en algunos casos”, confirmó a RT la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.
Como ejemplo, mencionó al último fallecido: Rosalino Floresun joven de 22 años que recibió 36 perdigones mientras exigía la renuncia de Boluarte a principios de 2023 en la ciudad sureña de Cusco.
procedimiento “discriminatorio”
Castillo, destituido por el Congreso tras su intento de disolver este órgano legislativo, había llegado al poder como el gran abanderado del llamado Perú profundo, de los territorios de la nación andina que históricamente han estado debajo de Lima, la capital , en la toma de decisiones.
El profesor, oriundo de la provincia de Cajamarca, abogó por la descentralización, pero no avanzó en esa tarea y, una vez que su vicepresidente tomó las riendas del país, la tendencia se invirtió: las regiones sur y centro del país se rebelaron, mientras Lima permaneció entumecida.
Desde el pasado 7 de diciembre, cuando Castillo fue destituido, se han activado movilizaciones en varias provincias y, salvo algunas excepciones, solo se han registrado manifestaciones en la capital cuando llegaban delegaciones de otros rincones del país.
“Desde AI hemos denunciado que ha habido un marcado sesgo racista y discriminatorio por parte de las fuerzas de seguridad: El 80% de las víctimas son de comunidades campesinas e indígenas– dijo navarro.
La investigación de la dependencia reveló que “se han utilizado armas letales, por lo menos en Ayacucho, Apurímac y Juliaca (Puno), y eso es algo que no se ha visto en Lima“.
“Es importante que en ningún caso se utilicen armas letales para contener o dispersar una protesta en caso de ser necesario. Este marcado sesgo racista no solo se ve en estos actos, sino también en las declaraciones de las autoridades hacia los manifestantes”, agregó.
De hecho, recientemente estalló la polémica en Perú por unas declaraciones —que le valieron una moción de interpelación en el Congreso— del ministro de Educación, Óscar Becerra, en las que decía en un canal local que “ni los animales exponen a sus hijos”, refiriéndose a las mujeres protestantes que llegaban a Lima desde Puno con niños a la espalda.
impunidad reinante
En su informe, AI recordó la asesinato de Bryan Pintado e Inti Sotelo durante las protestas que sacudieron Lima en noviembre de 2020 durante el breve régimen de Manuel Merino. A pesar de que había una denuncia constitucional por estas muertes, el Parlamento la archivó.
Sumado a ello, la investigación penal contra los policías involucrados quedó interrumpida a la espera de la resolución suprema que declaró la competencia especializada de la Sala Penal Nacional para resolver este caso.
Con la Ley de Protección Policial de 2020 en vigor, AI argumentó que también limita efectivamente la responsabilidad de las fuerzas del orden por violaciónes de derechos humanos.
Un estado de impunidad que no ha cesado, como respondió Navarro a una pregunta de este medio. “Hasta donde sabe AI, en Perú no hay policías ni militares condenados por la muerte de algunas personas en las protestas, al menos en las últimas décadas”.
“Son mensajes de impunidad que se están lanzando y no ayudan al clima actual, en el que las víctimas de los familiares piden verdad y justicialamentó el director de Amnistía Internacional Perú.
🔴 Presidente Boluarte: “Tenemos que dejar atrás y proscribir la corrupción, la ineficiencia y la infame manipulación de nuestras instituciones. Esa manipulación que tuvo como objetivo encubrir descaradamente, y desde las más altas esferas, a los prófugos de la justicia”. pic.twitter.com/SzfC8ErjSA
– TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) 29 de marzo de 2023
El pasado lunes, el Ejecutivo anunció una reforma a la Policía Nacional del Perú ante supuestos actos de corrupción en su seno, más no por su accionar en las recientes movilizaciones.
“Emprenderemos una reforma que nos permita potenciar los cuadros técnicos y aquellos efectivos comprometidos con la institución en la lucha contra la inseguridad ciudadana y sobre todo la lucha frontal contra la corrupción”, aseveró este miércoles Boluarte.
Vía País es una red de sitios web de noticias de la Argentina. Cuentan con cobertura nacional a través del mismo sitio web www.viapais.com.ar y además de diferentes sitios regionales en las principales plazas del interior del país, como: Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.
