Han pasado dos meses desde que el presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y la amenaza que se cernía sobre su gobierno se concretó, incluso antes de asumir el cargo, en julio de 2021.
El clima de inestabilidad política e ingobernabilidad que se ha agudizado desde 2016, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, se mantiene en su punto de máxima tensión sin que se vislumbre una solución viable a la crisis.
La reciente salida del maestro rural implicó la llegada a la presidencia de Dina Boluarte, quien desde un principio no contó con el apoyo popular, pero sí con el apoyo de la Legislatura, que tanta presión había ejercido para promover la vacancia de Castillo.
En las calles de varias ciudades del sur y oriente del país, las movilizaciones de los sectores campesinos e indígenas se han mantenido constantes y, según expertos, se está gestando un movimiento social sin precedentes.
Para tratar de entender hacia dónde se dirige esta nueva crisis en el país sudamericano, vale la pena repasar los seis puntos principales presentes en este conflicto.
1. ¿Qué pasó con Pedro Castillo?
Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Lima, donde estuvo privado de libertad tras ser sobreseído. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la pregunta previa realizada por su defensa para intentar anular la investigación por el presunto delito de rebelión, del que se le acusa.
Sus abogados sostienen que no hubo juicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso.
El maestro rural también solicitó al Poder Judicial la nulidad de la resolución de vacancia dictada por el Parlamento por “incapacidad moral permanente”, recoge RPP.
En estos dos meses se han publicado varias declaraciones en su cuenta de Twitter donde el izquierdista calificar de “dictaduraal Gobierno de Boluarte, al que culpa de “criminalizar la protesta” y de cometer “ejecuciones extrajudiciales”. Asimismo, se ha compartido el agradecimiento con los presidentes de la región que le han apoyado.
2. Dina Boluarte, panorama incierto
Las promesas iniciales de la abogada de reunir a toda la “sangre” de su gabinete y establecer una “tregua política” se han desvanecido por el camino.
Del mismo modo, su compromiso de ser “la voz de los don nadie” se ha desperdiciado porque precisamente los sectores invisibles de la población Son los que con más vehemencia piden su salida.
Boluarte rápidamente se separó de su compañero de fórmula, acusándolo de corrupción, incitando al odio contra él y dando un golpe de Estado. Por su parte, la maestra rural la llamó “usurpadora”.
El panorama del presidente, sobre quien pesa una investigación por “genocidio”, aún no está claro. Hasta el momento, el Congreso no ha definido que se produzca una elección anticipada ni ha tomado medidas para forzarla a salir, como hizo con su antecesora.
3. ¿Hacia dónde van las movilizaciones?
El hilo conductor de esta reciente crisis han sido las movilizaciones, que han aumentado en intensidad y han tenido una finalidad política desde el principio.
Ya en diciembre, hubo cuatro puntos definidos por los manifestantes: la liberación y regreso del presidente; la marcha de Boluarte; la disolución del Parlamento y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien las protestas comenzaron en las ciudades del sur y oriente, que conforman las zonas más empobrecidas y excluidas del país, en las últimas semanas los manifestantes se han mudado a Lima por sus propios medios, sin liderazgo partidista visible.
Hasta ahora, el Gobierno decretó el estado de alarma y toque de queda en siete entidades donde el “control del orden interno” estará a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas. La decisión fue cuestionado por el Defensor del Pueblo, quien solicitó una reunión con el Ministro de Defensa para expresarle su preocupación.
Grupos de campesinos de los pueblos chanka, aymara, quechua y waris han llegado a la capital peruana para participar en las movilizaciones, en medio de desmanes de las fuerzas de seguridad y muestras de racismo, discriminación y criminalización por los sectores conservadores y los medios de comunicación.
El ex canciller peruano Héctor Béjar calificó la actual movilización como la nacimiento de un poderoso movimiento social y económico, que involucra a sectores económicos y está fuera de la izquierda, según escribió J. Carlos Flores, en un artículo publicado en La Patria.
4. La acción policial en la mira
Estos dos meses de protestas han tenido como telón de fondo las denuncias y denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Medios reportan la muerte de al menos 69 personas en el marco de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo maneja la cifra de 59 muertos y un total de 1.622 heridos (1.229 entre enero y lo que va de febrero de este año y 836 entre el 7 y el 31 de diciembre de ese mes de 2022).
Uno de los hechos más relevantes de este tipo ocurrió en Puno, donde al menos 17 personas que fallecieron durante las movilizaciones fueron alcanzadas por armas de fuego. Mientras que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por “genocidio“Contra Boluarte, el gobierno ha intentado vincular a Bolivia con estas muertes.
La presión internacional se ha ejercido desde diferentes organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los antidisturbios.
5. ¿Habrá próximas elecciones?
Las protestas no han logrado su principal demanda: que se convoquen elecciones generales anticipadas.
El Congreso, que es el encargado de debatir y aprobar la fecha anticipada de las elecciones, está atrapado en su propia dinámica internaen el que cada sector puja por defender sus intereses y su asiento, sin llegar a un acuerdo.
Se cierra así el panorama de una pronta salida electoral de la crisis, ya sea a través de las urnas o de la dimisión de Boluarte, que ha afirmado en reiteradas ocasiones que no dejará el cargo.
La Comisión de Constitución del Congreso peruano rechazó la más reciente propuesta presidencial de adelantar las elecciones a octubre de este año y bloqueó la posibilidad de debatir este tema hasta agosto, cuando comienza la segunda legislatura.
Esto hunde la propuesta de que las elecciones sean en 2023 y pone cuesta arriba el intento de que los peruanos acudamos a las urnas en 2024, dos años antes de 2026, cuando correspondería.
El Parlamento, de mayoría derechista, torpedeó cuatro proyectos de ley que proponían fijar una fecha entre julio de 2023 y diciembre de 2024. En esta encrucijada de intereses, la petición de los sectores afines Perú Libre de incluir también la convocatoria de una Asamblea Constituyente hizo que se detuviera cualquier acuerdo.
Una posible respuesta sobre el motivo de estos sucesivos rechazos la dio la diputada Digna Calle, del derechista Podemos Perú, quien renunció a la segunda vicepresidencia del Congreso y dijo que sus compañeros no tenían desapego porque privaban a sus intereses económicos. recoge RPP.
“Creo que esta es la única motivación para retrasar estas elecciones anticipadas. Han mejorado su estilo de vida y, lamentablemente, no quieren dejarlo.; y ponen pretexto tras pretexto”, dijo.
6. Rechazos y alianzas en la región
Tras la destitución de Castillo, aunque varios gobiernos de la región expresaron su preocupación por lo sucedido, los de México, Colombia y Bolivia tomaron una posición más frontal.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde un principio hubo “una ambiente conflictivo y hostil“, lo que sirvió de abono para que sus adversarios lo destituyeran. Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se pronunció sobre el golpe de estado de la ultraderecha en América Latina y afirmó que en el país vecino se violó el derecho a “elegir y ser elegido”, mientras Luis Arce afirmó que “desde un principio” la derecha peruana había tratado de “derrocar a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo”.
Lima ha tildado de injerencia las declaraciones de los tres países, en medio de un clima de tensiones diplomáticas que ha sido más intenso con La Paz y con el expresidente Evo Morales, quien se encarga de coordinar las acciones desestabilizadoras en Perú, por lo que impidió la entrada. a esa nación.
En la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Chile y Honduras se sumaron a la lista de países con los que se han intensificado las diferencias diplomáticas. Luego de esa reunión regional, Perú retiró a su embajador en Tegucigalpa.
Por otro lado, sin mucha sorpresa, la Organización de Países Americanos (OEA), que ha sido acusada de participar en el golpe de Estado contra Morales y promover acciones desestabilizadoras contra Venezuela, expresó su “pleno apoyo” a Boluarte.
Sobre la relación con Estados Unidos, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, ratificó su apoyo al gobierno del país sudamericano en los últimos días y pidió “seguir tomando medidas para que los responsables de actos de violencia rindan cuentas”.
En “visita de trabajo” a Washington, canciller peruana Ana Cecilia Gervasi dicho que las investigaciones permitirán determinar el origen de los fondos “con los que se financian grupos violentos que se mueven por distintas zonas del país”, en referencia a las declaraciones de Boluarte, que intenta atribuir las protestas a supuestos enemigos externos , mientras Las voces que piden cambios desde las entrañas de la nación son cada vez más fuertes.
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