Publicado:
7 de marzo de 2023 15:20 GMT
Según un informe de Politico, muchos funcionarios se han quejado de la legalidad y moralidad de sus asignaciones y la influencia de la política en ellos.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo un programa de recopilación de información prácticamente desconocido en todo el país, informó Politico el lunes, citando documentos internos.
El Programa de recopilación de inteligencia humana abierta (OHIC), que existe desde al menos 2016, está a cargo de la Oficina de inteligencia y análisis del DHS y tiene como objetivo recopilar información sobre amenazas como el crimen organizado y el tráfico transnacional de drogas.
El programa permite a los funcionarios del DHS “solicitar entrevistas con casi cualquier persona” en los EE. UU., incluidos los reclusos en las cárceles locales y las prisiones federales. Sin embargo, las preocupaciones sobre la posibilidad de que la ausencia de un abogado durante los interrogatorios pudiera violar los derechos civiles de las personas hizo que este elemento particular del programa se suspendiera en 2022.
“Aunque este interrogatorio es supuestamente voluntario, la política del DHS ignora el entorno coercitivo en el que se encuentran estas personas. No garantiza la presencia de un abogado y no hace nada para evitar que el gobierno use las palabras de una persona en su contra ante un tribunal”, Patrick Toomey de la Unión Americana de Libertades Civiles le dijo a Politico.
operaciones poco éticas
También se incluyó entre las revelaciones la preocupación de muchos miembros del personal del DHS sobre la legalidad y moralidad de las operaciones del departamento y la influencia de la política en ellas.
El 12 de noviembre de 2020, solo una semana después del día de las elecciones presidenciales de EE. UU., Robin Taylor, entonces directora de la División de Operaciones de Campo de la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS, envió por correo electrónico a varios funcionarios un resumen de 12 sesiones de escucha que un vigilancia interna había realizado con funcionarios de la división.
Entre sus quejas, los empleados señalaron que muchas de sus asignaciones parecían ser “asuntos de aplicación de la ley y no para una organización de inteligencia”. También señalaron que el título de ‘Apoyo departamental’ parecía una “laguna que se aprovecha para llevar a cabo actividades cuestionables”.
“Un individuo dijo que el liderazgo de la FOD (División de Operaciones de Campo) es ‘sospechoso’ y ‘opera como un gobierno corrupto'”, dice el documento, y luego sugiere que las personas que planteen inquietudes podrían ser castigadas con asignaciones controvertidas. . “Si hablas, te encontrarás en la frontera suroeste o en Portland, te llamará la sede de la FOD o te trasladarán”, destaca el documento.
Portland, Oregón, fue escenario de un escándalo mediático que involucró al DHS a mediados de 2020, cuando manifestantes violentos atacaron el juzgado federal. A finales de julio, el Washington Post acusó a la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS de espiar a periodistas y manifestantes. Dos días después, el director ejecutivo, Brian Murphy, fue despedido.
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