El Salvador estrena su megaprisión con el ingreso de 2 000 pandilleros

“Esta será su casa donde vivirán por décadas” Así es como el presidente de El Salvador, Najib Bulekeel día que se inaugura su megacárcel con la entrada de los primeros 2.000 miembros de pandillas Introducido como la mega cárcel “El más grande de América”.

La nueva infraestructura está diseñada para albergar a 40.000 delincuentes y fue inaugurada este mes por el presidente salvadoreño. Bukele libra uno “guerra” contra grupos del crimen organizado desde marzo de 2021.

La gigantesca prisión ha sido objeto de duras críticas por violar los derechos humanos y contravenir las normas internacionales. Incluye pabellones de reclusión con cabinas metálicas y “celdas de castigo”. A 74 kilómetros de la capital del país, el centro también se destaca por sus rigurosos controles de acceso.

Pese a que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron para La cárcel La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y varios autobuses abandonaron el recinto.

Bukele inauguró el CECOT a finales de enero.

La construcción de este penal se dio en medio de críticas de la oposición, que ha señalado la falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía eludir los controles habituales en las obras estatales.

A principios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva prisión en El Salvador, y expresó su “profunda preocupación” dado que “la construcción de esta nueva prisión podría significar la continuidad y escalada de estos abusos”.

Según cifras oficiales, bajo el régimen de emergencia, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, más de 64.000 personas han sido detenidas, a las que el gobierno acusa de ser pandilleros, y de las cuales más han sido liberadas. de 3.300.

Organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de abusos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan de Control Territorial la caída de los homicidios, que según cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.