Publicado:
9 de febrero de 2023 21:18 GMT
El alto tribunal resuelve por fin uno de los asuntos pendientes más antiguos, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular.
El Pleno del Tribunal Constitucional de España ha avalado este jueves la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
Por siete votos contra cuatroSe ha desestimado el recurso presentado hace casi 13 años por 71 diputados del entonces Partido Popular (PP) contra la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.
El ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, consideró inconstitucional un artículo relativo a la información que se debe brindar a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Sin embargo, la mayoría rechazó su posición.
A través de un comunicado, el Tribunal Constitucional ha informado de que Arnaldo “se ha negado a redactar una nueva sentencia de acuerdo con los argumentos de la mayoría”, para lo que ha nombrado ponente a la vicepresidenta del Pleno, la jueza Inmaculada Montalbán.
Este magistrado deberá redactar un nuevo escrito que refleje el sentimiento mayoritario, que deberá volver a ser debatido en el pleno, por lo que el fallo se retrasará unos días.
¿Qué defendía el recurso?
El recurso presentado por el PP en 2010 argumentaba que la ley de plazos establecida por el Gobierno de Zapatero era inconstitucional. Este reglamento establece la aborto gratuito durante las primeras 14 semanas de gestación y lo permite hasta el día 22 en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer o por anomalías graves en el feto.
Por el contrario, los populares intentaron volver a la ley de supuestos que estuvo vigente en el país entre 1985 y 2010. Con ella, el aborto fue ilegal excepto en el caso de tres casos: violación, malformaciones graves del feto y peligro para la salud de la madre.
Más de 10 años en un cajón
El estudio de la constitucionalidad de esta ley es uno de los asuntos más antiguos que estaban a la espera del dictamen del alto tribunal.
Este es un tema muy delicado que ha ido en aumento en los últimos años. Aunque la sociedad española está mayoritariamente de acuerdo con esta regla, ha seguido formando parte del debate público durante este periodo.
De hecho, el único intento del Partido Popular cuando estaba en el gobierno de reformar esta ley encontró una oposición pública tan abundante que terminó con la cabeza del entonces Ministro de JusticiaAlberto Ruiz Gallardón, impulsor de la reforma, que acabó presentando su dimisión.
Ahora el recurso de los populares ha llegado esta semana al Pleno por el plan del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que tiene como objetivo desbloquear el tribunal y, por tanto, ha comenzado a tramitar las cuestiones más importantes. . antiguo.
En esta ocasión, antes de tratar el fondo del asunto, el Pleno debía dilucidar las impugnaciones presentadas por 5 de los 71 diputados del PP que firmaron el recurso, ahora exdiputados.
El lleno rechazó los desafíos, lo que habría significado que la mayoría pasara de progresista a conservadora, alegando que estos cinco exdiputados no son capaces de actuar en nombre del grupo de 71 diputados firmantes. De hecho, la dirección del Partido Popular se ha negado a sumarse a esta iniciativa.
Primera decisión de un Tribunal Constitucional progresista
Esta ha sido la primera gran decisión de un Tribunal Constitucional que el pasado mes de enero volvió a contar con mayoría progresista desde 2013.
Su renovación estuvo marcada por una crisis institucional de calado durante los últimos meses. Un tercio de sus miembros, cuatro, tenían vencido su mandato desde mediados del año pasado.
El nombramiento de los cuatro suplentes correspondió al Gobierno, dos, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otros dos. Mientras que el Gobierno ya había elegido a sus candidatos, el CGPJ se había negado a reunirse para elegir a los suyos porque los conservadores aseguraban que aún no tenían candidatos que presentar.
Luego de siete meses de tira y afloja, los 18 integrantes del órgano de gobierno de los jueces acordaron elegir a sus dos candidatos para el TC, uno progresista y otro conservador. El acuerdo se produjo tras la amenaza del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez de reformar la ley para desbloquear esta situación.
La renovación era fundamental para el Partido Socialista, ya que el Partido Constitucional debe ahora revisar recursos de leyes aprobadas por el bloque progresista además de la ley del aborto, como la ley trans, la ley de la eutanasia o la ley rider.
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