
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este lunes a la multitudinaria marcha que la oposición realizó la víspera para rechazar el llamado ‘Plan B’ de su gobierno, que modifica leyes electorales ya aprobadas en el Congreso .
“Este es un tema político (…) No les importa la democracia. quieren que continúe el dominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los poderosos. No les importa la gente”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.
Para López Obrador, en la marcha del domingo participaron personajes que resisten la transformación del país porque, a su juicio, están vinculados a la corrupción que prevaleció durante tantas décadas.
“Quieren seguir robando. Quieren volver a sus derechos. Quieren mantener a la mayoría de los mexicanos marginados y olvidados (…) utilizan la mentira de que quieren afectar la democracia en México, cuando en esencia son antidemócratas”, denunció.
En una de las partes más duras de su discurso, López Obrador aseguró que quienes marcharon el domingo han sido parte de la corrupción en México.
“Han pertenecido al narcoestado”, dijo al recordar que apenas la semana pasada Genaro García Luna -quien ocupó altos cargos en materia de seguridad durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón- fue declarado culpable por delitos de narcotráfico. por un tribunal estadounidense. EE.UU
También se refirió al lema de la marcha, que fue: “al INE no se le toca”, y que apela a la defensa del Instituto Nacional Electoral. “Lo que están pensando es que no se toca la corrupción, no se tocan los privilegios, el narcoestado no se toca”afirmó.
¿Qué es Plan B?
El año pasado, López Obrador impulsó una reforma electoral que, entre otros aspectos, proponía la desaparición del INE, pero, como implicaba cambios constitucionales, no obtuvo los votos necesarios en el Congreso.
Posteriormente presentó una segunda propuesta que solo modificaba leyes secundarias y que fue bautizada como “Plan B”.
Esta segunda opción sí avanzó y terminó su trámite parlamentario la semana pasada, luego de que el Senado avalara cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, se creó la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
▶️ El Senado aprobó la reforma electoral conocida como “Plan B”. El aval de ambas Cámaras se envía al Ejecutivo Federal. pic.twitter.com/EzvfH5DDHJ
— Senado de México (@senadomexicano) 23 de febrero de 2023
En términos generales, la nueva legislación recorta el presupuesto y competencias del INE; impone la paridad de género en las candidaturas; modifica el calendario electoral; obliga a los legisladores que quieren ser reelegidos a abandonar sus curules durante sus campañas; y permite el voto de las personas que cumplen prisión preventiva.
Por otro lado, se elimina personal electoral, como los miembros de las 300 Juntas de Distrito que, hasta ahora, eran cinco. Una vez que los cambios entren en vigor, solo habrá uno.
El actual secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, también será destituido anticipadamente y desaparecerá la Junta Ejecutiva General del organismo, que estaba a cargo de la gestión presupuestaria.
El Gobierno argumenta que los recortes de plantilla son para ahorrar recursospero la oposición advierte que esto pondría en riesgo los votos.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma fue el llamado “cláusula de vida eterna”. Esa sección proponía que, en una alianza o coalición electoral, el partido que hubiera obtenido más votos transferiría parte de esos votos a otros partidos más pequeños, para evitar que perdieran su registro. Sin embargo, este punto fue rechazado.
la movilización
Los manifestantes salieron a defender al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que, de entrar en vigor la legislación aprobada, deberá implementar una serie de cambios sustanciales tanto en su integración como en su funcionamiento.
Hoy México hizo historia. El pueblo mexicano salió a las calles a defender las instituciones, ante los intentos de López Obrador de desmantelarlas y mantenerse en el poder. Por la libertad y la democracia, sin banderas políticas. El INE no se toca. pic.twitter.com/nYJ9FldpS0
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) 26 de febrero de 2023
La movilización es parte de la lucha permanente que ha mantenido López Obrador con el INE, en particular con su presidente, Lorenzo Córdova.
Por eso el mandatario la descalificó de antemano, pues desde hace semanas aseguró que el verdadero lema de la marcha era: “Genaro García Luna no se toca”refiriéndose al exfuncionario que, según un tribunal estadounidense, era aliado del Cártel de Sinaloa.
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) fue el más afectado por el fallo contra García Luna, ya que formó parte de los gobiernos de Fox y Calderón, por lo que ahora ambos gobiernos se ven ensombrecidos por sus vínculos con el narcotráfico.
Pero en la marcha no sólo participaron los militantes de este partido, sino todas las fuerzas de oposición, así como ciudadanos sin afiliación orgánica partidaria.
“La marcha no es para defender a García Luna”. Los asistentes marchan cuando ven carteles con la foto de García Luna y el texto “culpable”: pic.twitter.com/fVUeKC93ae
—Leonardo Toledo (@leonardotoledo) 26 de febrero de 2023
Luchar
Las posiciones del presidente y sus adversarios o críticos son irreconciliables.
Para López Obrador, los cambios son necesarios para “sanear” los procesos electorales y convertir al INE en un árbitro verdaderamente independiente.
Para los opositores, los cambios afectan por completo el sistema electoral y ponen en riesgo la democracia, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de junio de 2024.
Es por eso que adelantaron que frenarán judicialmente el “Plan B”, ya que una vez que entre en vigencia presentarán denuncias en los juzgados.

De hecho, la lucha legal ya ha comenzadoya que Alberto Pérez Dayán, ministro de la Corte Suprema de Justicia, suspendió la aplicación de las reformas en el Estado de México y en Coahuila, donde este año habrá elecciones para gobernador.
El gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado, la Asesoría Jurídica de la Presidencia impugnó la decisión del magistrado, y lo acusó de violar la Constitución porque las normas aprobadas en el Congreso sólo pueden ser invalidadas con el voto de ocho ministros de la Corte Suprema.
“Preocupa que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin ningún hecho o indicación que demuestre la alegada existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales involucrados, como dogmáticamente se indica en su determinación”, señala el texto oficial.

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