Desde que el 14 de febrero se destapara el ‘caso Meditor’ con la detención de varios implicados, entre ellos un exdiputado del Partido Socialista, España ha sido testigo del goteo de información sobre una trama que se ha convertido en un escándalo nacional.
La investigación del caso, que involucra a políticos y empresarios, ha revelado extorsión y mordeduras a cambio de obtener privilegios como contratos públicos o ayudas europeasasí como pagos por festejos entre los involucrados en la trama con la participación de prostitutas y drogas.
El caso lleva el nombre del empresario Marco Antonio Navarro, mediador de toda la trama, proxeneta y centro de las investigaciones llevadas a cabo por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife y que, de momento, han dado como resultado 13 detenidos, uno de los cuales ya ha ingresado en prisión. Por el momento, la Fiscalía es la única acusación presencial en el caso.
La mayoría de los partidos políticos solicitan una investigación en el Congreso de los Diputados para determinar cuántos diputados socialistas habrían sido implicados, entre otras cuestiones, mientras que el PSOE, la formación socialista, habría actuado con total diligencia al suspender de la militancia al parlamentario arrestado, que también entregó su acta de diputado.
un año de investigación
La investigación se inició hace un año en el juzgado de Canarias, territorio que estaría en el centro de la trama, y salió a la luz el pasado 14 de febrero, cuando fueron detenidas varias personas implicadas.
Los investigados son políticos, miembros de la Guardia Civil -un cuerpo militar con labor policial- y diversos empresarios, en su mayoría del ámbito ganadero y alimentario.
Los delitos que se le imputan son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Las reuniones tuvieron lugar en lugares tan emblemáticos como el propio Congreso de los Diputados o la sede de la Guardia Civil en Madrid. Las celebraciones posteriores solían trasladarse a hoteles o clubs de azafatas.
¿Qué funcionarios públicos están involucrados?
Los cargos públicos implicados que han trascendido hasta el momento son tres: un diputado del Partido Socialista, el exdirector general de Ganadería del Gobierno regional de Canarias y un general retirado de la Guardia Civil.
- Juan Bernardo Fuentes Curbelo
Juan Bernardo Fuentes Curbelo fue Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta que en 2020 pasó a ser diputado Congreso del Partido Socialista.
Presuntamente fue el líder del ‘caso Mediador’ y recibía comisiones de empresarios a cambio de favores como la concesión de subvenciones o contratos públicos, evitando sanciones o inspecciones o agilizando licencias. Estos ingresos fueron depositados en cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, que presidía Fuentes Curbelo.
El caso del Mediador es muy serio. @PODER acabó con la normalización de la corrupción por el bipartidismo. Casos como este demuestran que necesitamos tener más fuerza electoral para acabar definitivamente con estas prácticas que alejan a los votantes progresistas de la política. pic.twitter.com/B5Jntvi1lA
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) 28 de febrero de 2023
El mismo día que se destapó el escándalo, el Partido Socialista suspendió su afiliación en la formación, mientras que el propio Fuentes Curbelo renunció a su acta de diputado. Tras dejar de estar registrado, el juez ordenó su detención el lunes de la semana pasada, aunque accedió a dejarlo en libertad con cargos dos días después, al no apreciar riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Está acusado de cohecho, falsedad, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a grupo delictivo organizado.
Taishet Fuentes es sobrino de Fuentes Curbelo y fue su sustituto en el cargo de Director General de Ganadería cuando su tío abandonó el cargo para ser diputado. Taishet Fuentes fue destituido de su cargo en junio de 2022. Aunque en su momento se alegó que no contaba con la confianza del presidente autonómico, hace unas semanas se proclamó candidato a alcalde de un municipio canario.
su papel seria manipular archivos y ejercer influencia sobre empresarios para capturarlos para la trama.
- Francisco Javier Espinosa Navas
El general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas es el único de la decena de investigados que ha sido encarcelado hasta el momento, acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a banda delictiva organizada. Se sospecha que habría amañaron cuatro contratos públicos por un valor de unos 260.000 euros de fondos de las instituciones europeas.
Se cree que fue receptor de sobornos de empresarios y que creó las situaciones ideales para extorsionar varios del sector ganadero, con prácticas como el envío de inspecciones para obtener el pago de comisiones.
Además, habría intentado que los empresarios que pagaban las comisiones contrataran a su amante, a quien se refirió como un ‘gilipollas volador’, según los audios intervenidos.
Espinosa Navas ya fue investigada en 2010 por otro caso de corrupción en Canarias, aunque luego se archivó la causa en su contra.
La figura del ‘Mediador’
La figura del ‘Mediador’, que da nombre al caso, recae sobre Marco Antonio Navarro, empresario que, al parecer, habría actuado como enlace entre empresarios y funcionarios públicos. Según medios nacionales, ya había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con estafa, falsificación de documentos o robo con fuerza y violencia.
A pesar de ser uno de los implicados, habría sido su testimonio el que sacó a la luz el caso. Todo comenzó cuando el director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, denunció en una comisaría que se habían realizado compras con su tarjeta bancaria sin su consentimiento en diciembre de 2021.
La investigación policial llevó a Navarro, quien negó haber realizado esas compras, pero Dijo tener pruebas contundentes de delitos de corrupción cometidos por políticos de Canarias. Por su parte, Pérez Peña enfrenta una acusación por denuncia falsa y perdió su cargo en el Cabildo.
Antonio Navarro (mediador del caso): “cangrejos, langostas… Pensé que con esto sería suficiente, pero se quedó corto: drogas, alcohol, prostitutas, cocaína y pastillas de colores… Estamos hablando de 9.000€ en 3 noches, en medio de la pandemia”.pic.twitter.com/3uIt2zk33J
— Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) 26 de febrero de 2023
Gran parte de las pruebas en las que se basa el ‘caso Mediador’ fueron extraídas de los dos teléfonos móviles facilitados por Navarro. Entre los dos contenían 6.989 contactos, 2.296 documentos, 107.026 imágenes, 39.698 archivos de audio y 3.158 videos.
Respecto a las fiestas que organizaba para celebrar estos ‘negocios’, Navarro ha llegado a declarar en radio Cope Canarias: “Era como un catering, con servicio completo… en plena pandemia”. En la misma entrevista aseguró que en una de las cenas que organizó había 15 o 16 diputados socialistas.
Otras personas que están siendo investigadas son ganaderos y empresarios que habrían pagado comisiones por la trama. La mayoría tiene sus intereses económicos en Canarias, pero algunos operaban en la península y querían empezar a desarrollar sus actividades en la Zona Especial de Canarias, sujetas a tipos impositivos más reducidos.
Clubes de congresos y azafatas
Según el sumario, al que ha tenido acceso eldiario.es, las pruebas extraídas del móvil de Navarro se componen de documentos gráficos y de audio enviados entre empresarios y políticos.
Estas pruebas revelan que se dieron cita en diferentes lugares, como el Congreso de los Diputados, bares, restaurantes, apartamentos, hoteles o discotecas, e incluso en el cuartel de la Guardia Civil en Madrid.
Así, en un primer momento, el ‘Mediador’ llevó a los empresarios a la Cámara Baja, donde les hizo pagar una primera comisión de 5.000 euros que se inscribió en la Asociación Deportiva que preside el ahora exdiputado Fuentes Curbelo.
Posteriormente, el negocio se realizaba en fiestas pagadas por los empresarios, donde abundaban las prostitutas y las drogas.
Según Navarro, este pago inicial lo habrían realizado al menos seis empresas en Canarias, entre ellas una fabricante de quesoa granja de vacasa ganaderíaa empresa de drones y otro de paneles solares.
reacciones políticas
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El conservador Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, ha pedido explicaciones y ha presentado una batería de preguntas en sedes parlamentariasademás de exigir la comparecencia de varios ministros.
“Lo que estamos aprendiendo abunda en vergüenza: posibles sobornos a empresarios para conseguir ayudas de la Unión Europea con un fondo para la Próxima Generación, fiestas con prostitutas y drogas…”, resumió el portavoz popular, Borja Semper, quien adelantó que su formación se plantea presentar una iniciativa en el Congreso
El resto de fuerzas políticas también han condenado el caso. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, socio en el Gobierno del Partido Socialista, calificó de “muy serio” conocido hasta ahora y expresó su “más contundente” condena, aunque no anunció ninguna acción al respecto.
Por su parte, el partido de ultraderecha Vox anunció que comparecerá ante los tribunales como acusación popular, según ha informado su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. “El gobierno más feminista de la historia aparentemente tiene aquí unas quince diputadas que se fueron a esas fiestas con prostitutas despues de votar por las leyes mas feministas de la historia“Ironizó Espinosa de los Monteros este martes.
Otras fuerzas minoritarias, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), además de mostrar su rechazo, han manifestado que apoyarán cualquier iniciativa que contribuya a esclarecer este caso. Por su parte, el Partido Socialista de Canarias también ha anunciado que comparecerá como acusación popular en el caso.
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