Publicado:
19 de febrero de 2023 23:42 GMT
Amnistía Internacional denunció una “grave crisis de derechos humanos” y el uso indiscriminado de armas letales en el contexto de la represión de las protestas.
El Gobierno de Perú rechazó las acusaciones en su contra sobre la violación de los derechos humanos y el racismo en el marco de la actuación del Estado durante las protestas que se desarrollan en la nación. El pronunciamiento surgió en respuesta a un informe sobre el tema presentado esta semana por la organización Amnistía Internacional.
“Es categórico al afirmar que en el Perú no hay política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han llamado ‘racismo sistémico’ en la actuación de las diferentes autoridades”, dijo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país en un comunicado, al tiempo que lamentó “la pérdida de vidas humanas” en las manifestaciones.
Además, aseguró que “el Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones” a fin de identificar “a los responsables de la graves violaciones al derecho a la vida“, así como daños a la propiedad pública y privada durante los disturbios.
En ese sentido, la institución agregó que en diciembre se creó una Comisión Multisectorial temporal en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú y el Consejo Interreligioso del Perú, para dar seguimiento a las las acciones a favor de los familiares de los fallecidos y heridos durante las movilizaciones.
Por otra parte, el ministerio destacó que “el gobierno peruano es consciente de que en el país la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores retos“.
El Ejecutivo reiteró “su voluntad de desarrollar un diálogo nacional amplio e incluyente con un enfoque intercultural y derechos humanos“para llegar a una solución consensuada a la crisis que atraviesa el país.
“Grave crisis de derechos humanos”
Amnistía Internacional denunció este jueves una “grave crisis de derechos humanos” y el “uso ilegítimo de armas letales” de manera “indiscriminada” contra la población por parte de las fuerzas del orden, especialmente contra indígenas y campesinos en el marco de la represión de las protestas.
Según la agencia, las autoridades también actuaron “con una marcado sesgo racistaejerciendo crueldad contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”, ya que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se concentra desproporcionadamente en regiones con mayoría de población indígena (80%).
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara-Rosas, afirmó que un equipo de Amnistía Internacional recolectó información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por el uso de armas de fuego.
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