Publicado:
22 de febrero de 2023 13:29 GMT
La demanda se deriva de la muerte de Nohemí González, una estudiante estadounidense de 23 años, víctima de los atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, atribuidos a miembros del Estado Islámico (EI) y que se cobraron la vida de 130 personas .
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos de González vs. Google, una demanda que cuestiona la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas por los contenidos que promocionan sus algoritmos y que podría sentar un precedente y cambiar los cimientos de las leyes de Internet, informa The Washington Post.
El caso se deriva de la muerte de nohemí gonzalez, estudiante estadounidense de 23 años, víctima de los atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, atribuidos a miembros del Estado Islámico (EI) y que se cobraron la vida de 130 personas. Su familia sostiene que Google actuó como un plataforma de reclutamiento al sugerir en YouTube, su propia web, vídeos y contenidos relacionados con el grupo terrorista a través de un algoritmo que identificó a los interesados potenciales.
De esta forma, se acusa a Google de violar las leyes estadounidenses contra la ayuda y complicidad de terroristas y tácitamente de los daños infligidos por el EI. Sin embargo, lo que realmente está en juego es el artículo 230 de la Ley de decencia en las comunicaciones, aprobada en 1996, antes de que aparecieran la mayoría de los gigantes tecnológicos, y que protege a las plataformas en línea de la culpa por las publicaciones que comparte la gente. En concreto, establece que ningún proveedor debe ser tratado “como editor o difusor de información proporcionada por otro proveedor de contenidos”, informa la agencia EFE.
Al respecto, los abogados de la familia de Nohemí argumentan que esta disposición incentiva la promoción de contenidos nocivos e impide que cualquier víctima sea reparada cuando pueda probar que esas recomendaciones le causaron lesiones o incluso la muerte.
Mientras tanto, Google, que ya revocó con éxito la demanda de González en los tribunales inferiores, se defiende con el argumento de que la sección 230 lo protege de la responsabilidad legal por los videos de terceros que aparecen en sus sitios web. algoritmos de recomendación, independientemente de cómo las promocionen o no entre sus usuarios. Según la abogada de la empresa, Lisa Blatt, la inmunidad que otorga dicho párrafo es fundamental para que este tipo de empresas puedan brindar contenidos útiles y seguros a sus usuarios.
confusión y preocupación
Tras escuchar a las partes durante más de dos horas, los jueces del Tribunal Supremo aseguraron que estaban confundidos con los argumentos de la demandante y no consideran del todo coherentes las pruebas de sus abogados para decidir cuándo las empresas tecnológicas, blindadas frente a contenidos de terceros, pueden ser responsables de calificar y recomendar contenido.
Al mismo tiempo, los magistrados expresaron su preocupación por las implicaciones legales que se derivarían de un hipotético fallo a favor de la familia González. En este caso, las redes sociales y otras plataformas similares podrían estar expuestas a una posible avalancha de demandasya que eso facilitaría que las personas se quejen de la forma en que sus algoritmos clasifican y recomiendan el material.
“Todos los días se realizan miles de millones de consultas en Internet. Cada una de ellas abriría la posibilidad de una demanda”, dice el juez Brett Kavanaugh.
Por otro lado, los jueces también tratan de determinar si debe haber alguna distinción legal entre alojar un contenido de un usuario y promover su difusión a la hora de evaluar responsabilidades; una discusión que creen que sería mejor dejar en manos del Congreso.
En este sentido, algunos críticos acusan a los tribunales inferiores de dar a la industria tecnológica más protección de la necesaria al grado que sus empresas han sido muchas veces absueltas de responsabilidad por los discursos de odio y falsedades que frecuentemente circulan en sus sitios.
Las repercusiones del fallo en este caso histórico continúan siendo cuestionadas y analizadas porque podría transformar Internet al eliminar décadas de protección legal para las empresas de tecnología contra el contenido dañino en sus plataformas. Según la agencia AFP, la decisión final de la Corte Suprema se dará a conocer antes del 30 de julio.
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