Guerra entre el Gobierno de España y la constructora Ferrovial: la multinacional se muda a Países Bajos

La actualidad económica en España viene marcada por el anuncio de la salida del país de Ferrovial, multinacional dedicada a la construcción de grandes infraestructuras energéticas o de movilidad, como autopistas, aeropuertos, entre otras obras.

La empresa informó que su filial en Holanda absorberá a la matriz españolalo que en la práctica supone trasladar su sede a la nación holandesa.

Tras el anuncio, diferentes ministros del Gobierno de España han criticado duramente la decisión, mientras desde la oposición política y desde el ámbito empresarial se habla de la “satanización” del empresariado por parte del Ejecutivo.

¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Según la compañía, la reorganización empresarial responde a la creciente internacionalización de Ferrovial, ya que en 2022 el 82% de los ingresos y en torno al 96% del valor de los fondos propios procedían ya de su negocios Internacionales.

Sostiene que el jefe del grupo seguirá cotizando en España, así como en Holanda, y que empleo, actividad e inversiones se mantendrán intactos en el país ibérico y “sin impacto fiscal relevante”.

La firma ha destacado que el principal motivo de salida no es el fiscal, sino la búsqueda de un entorno de mayor seguridad jurídicaalgo que ha indignado a buena parte del Consejo de Ministros.

¿Quién es Rafael del Pino?

Rafael del Pino Calvo-Sotelo es el presidente de Ferrovial. Ingeniero civil de formación, es el hijo mayor del fundador de la empresa y la hermana del segundo presidente del Gobierno desde la restauración de la democracia en España, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Dirige la compañía desde 2001, después de ser Consejero Delegado desde 1992, cuando solo tenía 34 años. Junto a sus hermanos posee el 35% de las acciones de Ferrovial, valoradas en 6.200 millones de euros.

Según Forbes, su fortuna personal es uno de los más grandes del mundo y el tercero de España, solo superado en su país natal por el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y su hija, Marta Ortega. Su patrimonio está valorado en unos 3.800 millones de euros.

Su padre, Rafael del Pino Moreno, fundó Ferrovial en 1952, centrada en la renovación de los ferrocarriles, y prosperó durante el franquismo y la Transición española gracias a los contratos públicos para construir carreteras y otras infraestructuras que la llevaron a convertirse en una de las empresas constructoras más grandes del país.

Durante este tiempo, la empresa se ha visto envuelta en varias controversias. La última tuvo lugar el año pasado, cuando fue sancionada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) con una Multa de más de 38 millones de eurospor formar un cartel con otras constructoras para concertar licitaciones de obras públicas entre 1992 y 2017. Aunque la sanción incluía la prohibición de contratar con la Administración, la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la multa.

El último capítulo de un enfrentamiento.

El caso Ferrovial es el último capítulo de un creciente enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los líderes empresariales.

Si la legislatura comenzara con una pacto que llegó a calificarse de histórico entre Gobierno, sindicatos y patronal, con la subida del salario mínimo interprofesional del 22% y la firma de más de una decena de convenios, parece que esta etapa ha terminado.

La última subida del salario mínimo, del 8%, aprobada en enero, ya no contó con la participación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal, que finalmente se negó incluso a participar en las negociaciones.

Además, en los últimos meses se han producido diversas declaraciones de funcionarios ministeriales instando a una aumento de impuestos a determinados sectores, como los hidrocarburos o la electricidad, argumentando que se estaban beneficiando de la subida de precios provocada por el conflicto ucraniano y que, por tanto, debían aportar más a la sociedad.

Críticas al gobierno

Ahora se han endurecido las palabras de los miembros del Gobierno. “Creo que en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Creo que No es el caso del señor Del Pinodijo Pedro Sánchez.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Cadena Ser, calificó este jueves de “desastrosa” la decisión de la empresa. Ferrovial se acogió a varios ERTEs [Expedientes de Regulación Temporal de Empleo] en nuestro país y los hemos salvado con dinero público. Estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión”, dijo la ministra de Unidas Podemos que cree que la empresa está “mandando un mensaje muy negativo” y que no se puede permitir que tenga “paraísos fiscales en Europa”en alusión al tema fiscal que estaría en el centro de la decisión de Ferrovial a su juicio.

Quizás la más dura ha sido la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra: “No hay nada más antipatriota aprovechar las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando te van mal las cosas y cuando te van bien vas a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde”, dijo.

En este sentido, Belarra ha anunciado que su formación presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados “para evitar la deslocalización de empresas que han recibido ayudas públicas”, proponiendo que si se van “tienen que devolver cada uno de esos euros que han puesto cada uno de los españoles y españolas para mantenerse a flote”.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, considerada parte del ala más conservadora del Gobierno, afirmó en la televisión pública que la decisión produce “rechazo e incomprensión”, “teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a Españaque nació y creció gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles”. Además, ha destacado que ocurre en un momento “en el que España atrae más inversión internacional que nunca”.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha comentado, también en la televisión pública, que “que mala es la codicia a veces” y sostuvo que le parece que hay “una motivación coyuntural para el arbitraje fiscal”.

Defensa empresarial y de oposición

Desde el lado empresarial, el presidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha respaldado lo que define como “una decisión estratégica de una empresa” con cerca de 5.500 puestos de trabajo en España. Además, en su opinión, la razón es la mejor calificación crediticia de los Países Bajos para atacar el mercado norteamericano.

“No acabamos de entender que últimamente desde el Gobierno haya habido una satanización del mundo de los negociosArgumentó, términos que ya han sido utilizados en varias ocasiones en los últimos tiempos por representantes de la CEOE.

El líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), ha calificado la situación de “desgobierno” y la decisión de la empresa de “Muy malas noticias para España”. Además, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, ha condenado las palabras de Sánchez “insultando al presidente de la empresa”, viniendo de quien debería “solucionar el problema y no prender fuego al problema”.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que hay que respetar las decisiones de las empresas y ha sostenido que la vicepresidenta debe preguntarse si ha hecho algo para mantener la empresa o para empujarla a marcharse.

La polémica surge al comienzo de una superaño electoralcon elecciones municipales y regionales en mayo y elecciones nacionales a finales de 2023. Mientras el Gobierno muestra el pecho de sus logros económicos tras superar la pandemia del coronavirus y las consecuencias de la guerra en Ucrania, la oposición expresa la alta inflación y el descontento de parte del negocio