
Publicado:
28 de febrero de 2023 22:45 GMT
Responderán al proceso desde sus domicilios, bajo otras condiciones como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de salir de casa por la noche y los fines de semana.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió este martes la libertad provisional a 173 imputados de participar en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la sede de los poderes públicos en Brasilia exigiendo la intervención militar.
La máxima autoridad judicial del país otorgó el beneficio a los imputados cuya participación consideró menos serio.
“El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad (…) porque las investigaciones No los señalaron como financiadores o ejecutores principalesdel ataque, informó el STF en un comunicado.
A partir de la decisión del titular de la Corte, Alexandre de Moraes, las personas involucradas en el intento de golpe que fueron detenidas podrán regresar a sus hogares. A partir de ahí, deberán responder al proceso desde sus respectivos estados y la prisión preventiva será sustituida por otras medidas cautelares, como la suspensión del pasaporte, el uso de tobilleras electrónicas, la prohibición de usar las redes sociales y de comunicarse con otros investigados. , y la presentación semanal ante un magistrado, entre otros.

personas detenidas
Hasta la fecha, 639 personas han sido liberadas, mientras que 767 permanecen en prisión por el asalto a Brasilia el 8 de enero. Los privados de libertad están acusados de diversos delitos, que van desde amenazas y atentados contra la democracia y el estado de derecho hasta la destrucción de bienes públicos.
A una semana de la llegada al poder de Lula da Silva, miles de simpatizantes del ultraderechista Bolsonaro, descontentos con la victoria electoral del líder del Partido de los Trabajadores (PT), destrozaron la icónica sede de los tres poderes del país -la Palacio del Planalto, Congreso Nacional y Supremo Tribunal Federal (STF)—en la capital brasileña.
Además de civiles, se investiga a policías, militares y servicios de inteligencia vinculados a la Presidencia por presunta omisión de actuación ante el ataque en defensa de las instituciones democráticas.

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