Desde que el pasado viernes se conociera el auto de acusación de la Fiscalía española contra los imputados en el ‘caso Cocina’, un goteo de información no ha dejado de salpicar el Ministerio del Interior del ex Ejecutivo español, presidido por el conservador Mariano Rajoy.
La carta incluye algunos altas solicitudes de cárcel por los que son considerados responsables de una operación policial ilegal montada para encubrir la corrupción del Partido Popular (PP), entonces en el poder.
Además, se denuncian los operativos en los que están involucrados mandos políticos, policiales y de medios de comunicación, destinados a difundir información falsa en los medios de los partidos independentistas catalanes y de Podemos, en un momento en el que las encuestas eran especialmente favorables a estos últimos y en el que podían entrar por primera vez en el Gobierno.
¿Qué es el ‘caso Cocina’?
El nombre de Operación Cocina es el nombre del operativo policial supuestamente montado por el Ministerio del Interior, dirigido en su momento por Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y apoderarse de cualquier documentación comprometedora que tuviera en su poder.
todo ello sin control judicialusando métodos ilegales y dinero de las arcas publicasdando lugar a hechos verdaderamente graves, como el secuestro de la mujer y el hijo del tesorero por parte de un individuo disfrazado de sacerdote.
¿Quiénes son los principales imputados?
El principal imputado es el exministro de Gobernación, Jorge Fernández Díaz, por quien el Ministerio Público pide 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación. La misma sentencia que se pide para su número dos, Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, y para el que fuera jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino. Los tres están acusados de los delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad.
Además, hay otro buen número de personas que ocuparon cargos policiales entre los imputados: para el excomisario en retiro José Manuel Villarejo se piden 19 años de prisión y 33 años de inhabilitación, agregándose el delito de cohecho propio pasivo; el comisario Andrés Gómez Gordo, 15 años de prisión y 48 años de inhabilitación; para el comisario Enrique García Castaño, 12 años y 6 meses de prisión y 28 años de inhabilitación; para el policía Sergio Ríos, quien fue chofer de Bárcenas, 12 años, 5 meses y cinco días de cárcel y 13 años y 9 meses de inhabilitación; y para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, 2 años y seis meses de prisión y 9 años de inhabilitación por delito de encubrimiento.
Además, la Fiscalía no descarta la participación de otras personas de distintas instancias que finalmente quedaron fuera del caso, en lo que parece una clara alusión a María Dolores de Cospedalentonces secretario general del Partido Popular y ministro de Defensa, a quien el Ministerio Público intentó procesar.
¿Qué corrupción quería encubrir?
Los hechos investigados datan del período comprendido entre 2016 y 2019. Entonces la Justicia investigaba lo que se conoce como ‘Caso Gurtel’una red de corrupción ligada al Partido Popular que ha dado lugar a multitud de causas judiciales por su enorme tamaño.
El esquema operaba principalmente en las regiones de Madrid y Valencia, donde un conglomerado de empresas utilizaba regalos y comisiones para obtener contratos públicos.
Derivado de la trama Gürtel, también se investigó el llamado ‘caso Bárcenas’, relativo a las cuentas B del PP, que incluiría la recepción de donaciones ilegales de empresarios y el reparto de dinero negro a dirigentes del partido.
Los operativos policiales ilegales lanzados por la Operación Cocina tenían como objetivo impedir material incriminatorio que el Partido Popular y sus dirigentes sean incluidos en causas judiciales.
Una de sus primeras acciones fue capturar como confidente a Sergio Ríos, un policía que trabajaba como chofer de Bárcenas y que era una persona de máxima confianza del entonces tesorero del partido. ríos recibidos 54.000 euros de los fondos reservados del Estado.
Además, según el escrito de la Fiscalía, se realizó una vigilancia a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en la que intervinieron hasta 70 agentes para investigar dónde se podía encontrar la documentación comprometedora. Se realizó una entrada ilegal en un inmueble utilizado por Iglesias y se realizaron copias ilegales de los teléfonos móviles de la pareja.
Guerra sucia contra la independencia
El sumario del ‘Caso Cocina’ también incorpora cientos de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y el jefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, de los que se desprende la estrategia de esa cartera para investigar. extrajo Podemos y los partidos independentistas catalanes, algunos de los cuales ha desvelado El País.
Así, desde 2012 el departamento que entonces dirigía Fernández Díaz difundía información a través de filtraciones a los medios dirigidas contra líderes independentistas como método para afrontar el reto nacionalista, que en 2014 celebró una consulta popular no vinculante sobre la independencia de Cataluña .
En ese contexto, se difundió un presunto informe policial, que no contenía sello ni firma, en el que se detallaban diferentes casos de corrupción de líderes independentistas que nunca fueron confirmados.
Así, el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, llegaba a enfrentarse a una causa judicial por supuestamente tener dinero sucio en Suiza en base a este tipo de información. La causa fue finalmente archivada ante la comprobación de su falsedad.
Caza contra Podemos
También se encuentran alusiones a Podemos en los mensajes incluidos en el resumen de Cocina. La formación, nacida en 2014, había obtenido 69 escaños en las elecciones de diciembre de 2015, convirtiéndose en la tercera fuerza del Congreso.
Poco después, en enero de 2016, la ‘Informe PISA’, como acrónimo de Pablo Iglesias SA, que en ese momento dirigía el grupo. El documento, que afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado a Iglesias, fue distribuido por el Ministerio del Interior.
Este informe sirvió de base para diversas denuncias judiciales, que fueron archivado, e incluso fue incluido en una denuncia policial ante el Tribunal de Cuentas, que también fue archivada. Sin embargo, sostuvo portadas y tiempo interminable en la televisiónvincular a Podemos con financiación de Venezuela e Irán.
Las conversaciones entre el comisario García Castaño y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dan cuenta también de su intento de torpedear las negociaciones entre el PSOE y Podemos para un cambio de Gobierno a principios de 2016, según el WhatsApp destapado por el periódico .es.
García Castaño, conocido como ‘el Gordo’, ofreció a Martínez información sobre distintos candidatos de Podemos, pero sólo pudo aportar que un senador de esa fuerza política era etarra arrepentido.
El número dos del Ministerio del Interior reaccionó: “Yo digo que si los demás están limpios… ni violencia callejera, anarchas, etc???”. El comisario responde: “Lo miraré de nuevo, pero creo que no”. Entonces Martínez dice: “¡Cagüenlaputa! Alguien tiene que estar de mierda”.
Estos y otros mensajes, encontrados en el teléfono de Martínez, son algunas de las pruebas de las maniobras del Ministerio del Interior contra Podemos, que se suman a lo encontrado en las abundantes grabaciones y notas incautadas al excomisario Villarejo.
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