Publicado:
12 de abril de 2023 15:06 GMT
Se investiga la supuesta participación u omisión de miembros del Ejército en el atentado de Bolsonaro contra la sede de los tres poderes, el pasado 8 de enero.
La Policía Federal de Brasil escuchará este miércoles los testimonios de cerca de 80 militares por su presunta participación en los ataques a la sede de los tres poderes, perpetrados el 8 de enero en Brasilia por hordas de bolsonaristas en rechazo al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Según G1, se espera que el general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, quien dirigía el Comando Militar del Palacio del Planalto -sede del Poder Ejecutivo- el día de los asaltos, y el coronel Jorge Fernandes da Hora, al mando del Batallón de la Guardia Presidencial.
Miembros del Ejército pertenecientes a la Guardia Presidencial y a los servicios de inteligencia que laboran en el Palacio del Planalto son acusados de no intervenir cuando grupos de radicales invadieron y destruyeron las sedes de los tres poderes.
El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó en febrero que había poderes para juzgar a los militares sospechosos de participar en los ataques.
La decisión fue tomada por el titular del STF, Alexandre de Moraes, tras analizar un pedido de la Policía Federal para “determinar la autoría y materialidad de posibles delitos” cometidos por militares.
“Ataques contra la democracia”
De Moraes también abrió una investigación sobre la presunta responsabilidad de miembros de la Policía Militar y de las Fuerzas Armadas del Distrito Federal en los “ataques a la democracia que culminaron en hechos delictivos y terroristas”.
Antes de asumir la presidencia por tercera vez, Lula consideró que el gobierno dejado por Bolsonaro debía ser “desmilitarizado”. Pero, después de los ataques, esa idea se volvió un objetivo inaplazable.
el mandatario despidió al menos a 150 soldados quienes actuaron en la presidencia, la vicepresidencia y el Gabinete de Seguridad Institucional. También nombró a decenas de civiles para puestos que hasta ahora ocupaban oficiales uniformados.
Y retiró a los militares el control de Abin, la poderosa agencia de inteligencia, para ponerla bajo las riendas del ministro de la Casa Civil (una especie de jefe de gabinete), Rui Costa, uno de sus funcionarios de mayor confianza.
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