Lasso a las puertas de un juicio político: ¿qué proceso le espera?

La Comisión Ocasional Especializada de Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional de Ecuador, que investiga un supuesto esquema de corrupción en empresas públicas, aprobó un informe que recomienda un juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso.

El pasado sábado, el pleno del Parlamento aprobó el informe, con 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones. En la sesión, la legisladora Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional, consideró que Lasso cometió delitos que atentan contra la administración pública y la seguridad del Estado y que son perseguidos en el artículo 129 de la Constitución del país sudamericano.

Al respecto, explicó que el juicio político sería para “la comisión de omisión”, lo que implicaría que el jefe de Estado, conociendo los hechos de corrupción en las empresas públicas, hubiera preferido guardar silencio y no actuar.

Entre las conclusiones del informe, la falta de acciones del Ejecutivo para prevenir la comisión de delitos como cohecho, malversación y concusión.

El caso

El caso que derivó en la petición de juicio político contra Lasso estalló a principios de enero pasado, cuando el medio digital local La Posta reveló una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso. .

El caso se conoció en los medios como ‘El gran padrino’pero luego la Fiscalía General del Estado (FGE), que abrió una investigación al respecto, lo bautizó como ‘Reunión’.

La supuesta red de corrupción estaría operando principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); aunque también se habría extendido a la estatal Petroecuador.

Según la investigación periodística, a pesar de no tener ningún cargo en el Gobierno, Carrera maneja las empresas públicas y es quien decide qué firmas privadas trabajan con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.

También se informó que él y su operador de confianza, Rubén Cherres, habrían tenido influencia en la designación de cargos en distintos cargos del Gobierno.

Además, el Gobierno ecuatoriano, a través de Cherres, habría una supuesta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.

¿Que sigue?

El informe aprobado por el pleno del Congreso no vinculante, por lo que es solo el comienzo del proceso contra Lasso. Según la Constitución de Ecuador, el proceso de juicio político contra el presidente debe iniciarse con una solicitud por escrito de un asambleísta y contar con el apoyo de al menos un tercio de la Asamblea (46 firmas).

La bancada izquierdista de Unión por la Esperanza (Unes) ha adelantado que serán ellos quienes inicien el pedido de proceso contra Lasso.

En la solicitud de proceso deberán constar por escrito los cargos atribuidos al presidente y las pruebas que se adjuntarán. Luego de presentada la solicitud, existe un plazo máximo de tres días para que el presidente de la Asamblea Nacional la entregue al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para verificar los requisitos.

la lima debe enviar la demanda a la Corte Constitucional (CC) emitir la opinión previa de admisibilidad, en un plazo máximo de seis días.

La CC revisará si la solicitud se hace de conformidad con la Constitución, si el delito imputado y la calificación legal se incluyen como causales de juicio político; y, con base en ello, determinará si procede o no iniciar el proceso.

Si la CC dicta sentencia en contra, se archiva el caso; pero si la sentencia es procedente, el presidente de la Asamblea Nacional tiene un plazo de tres días para devolverla al CAL.

La CAL debe remitir el proceso a la Comisión de Supervisión, instancia que debe decidir si recomienda o no el juicio político. Tiene un plazo de 30 días para actuar: 10 días para que el presidente ejerza su derecho a la defensa; otros 10 días para la realización de pruebas y 10 más para la elaboración del informe.

Con el informe, el presidente del Parlamento convoca al pleno para realizar la acusación. en sesión, el presidente tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se debe obtener una mayoría calificada (92 votos).

Por lo pronto, luego de la votación del pasado sábado, el Congreso remitirá el informe aprobado a la FGE y a la Contraloría General del Estado (CGE) para que, en el marco de sus atribuciones, inicien las respectivas investigaciones penales y administrativas y adopten las medidas pertinentes.

Respuesta ejecutiva

El Gobierno ha negado la existencia de la supuesta trama de corrupción y el propio Lasso ha salido en defensa de su cuñado atacando al medio que hizo las revelaciones.

Tras la aprobación del informe en el pleno de la Asamblea Nacional, el presidente el Señaló que el documento “carece de sustento lógico, probatorio y legal”.

En una carta enviada a la fiscal general, Diana Salazar, Lasso le solicitó “desarrollar todas las investigaciones pertinentes, con todo el rigor y profundidad que amerita la gravedad de estas falsedades”.

“Me he dispuesto a responder con absoluta transparencia y celeridad todos los requerimientos de la Fiscalía para aclarar cualquier duda”, dijo el mandatario ecuatoriano.

Asimismo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó de “sainete” y “a mi” decidido por los legisladores.

“En el fondo es un arreglo de parches y rectificaciones, donde además, a su antojo y conveniencia, han dejado fuera personajes que deberían ser investigados. […] No es un acto de control.pero de evidente desestabilización”, expresó en un video difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.

apoyo de la OEA

Quien también se expresó en la misma línea del Gobierno fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien dijo que su despacho “ha estado siguiendo los últimos acontecimientos” en Ecuador.

“Al respecto, en el marco de los instrumentos jurídicos interamericanos, la Secretaría General expresa la absoluta importancia del apego a las instituciones democráticas y el respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales“, dijo en un comunicado, publicado un día después de la aprobación del informe en el Parlamento ecuatoriano.

Almagro hizo un llamado a los actores políticos y sociales del Ecuador a “enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional” y reiteró su disposición “a cooperar con el país”.

Ante este pronunciamiento, Lasso agradeció al titular de la OEA. “Los ecuatorianos queremos estabilidad para prosperar”, dijo.

Todo este escándalo en torno al juicio político se produce apenas un mes después del revés electoral sufrido por Lasso, cuando la opinión pública rechazó las preguntas de un referéndum constitucional promovido por el Ejecutivo y favoreció a candidatos mayoritariamente progresistas para las prefecturas provinciales y las alcaldías.

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