
Y es un hecho. La Fiscalía General del Estado (FGE) acusa al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) y a otras 36 personas, del presunto delito de cohecho en el caso ‘Sinohydro’.
Se trata de una trama, conocida en los medios como ‘Papeles de Ina’, en la que se investiga una supuesta red de corrupción en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en el que los 37 implicados habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en sobornos de la empresa Sinohydro, constructora de esa obra.
Desde el pasado viernes hasta el domingo se llevó a cabo ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador la audiencia de formulación de cargos contra Moreno y el resto de imputados en la supuesta red, que habría operado entre 2009 y 2018.
En ese momento, Moreno ocupaba los cargos de Vicepresidente de Ecuador (2007-2013), Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Discapacidad y Accesibilidad (2013-2016) y Presidente de su país.
Durante su gestión como vicepresidente, Moreno supuestamente facilitó la concesión a Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica.
Además de Moreno, en el caso se investiga a su esposa, Rocío González; su hija Ina Moreno; sus hermanos, Edwin y Guillermo; sus cuñadas, Jaquelina V. y Martha G.; sus amigos, Conto Patiño y Xavier Macías; así como Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador, quien también se desempeñó como gerente de la empresa Sinohydro.
decisiones
En la audiencia, la FGE solicitó prisión preventiva para 23 de los implicados. Para los 14 restantes, incluido Moreno, el ente acusador solicitó prisión domiciliaria, ya que son mayores de 65 años, según lo contemplado en la Constitución ecuatoriana.

El pedido de la fiscal de prisión preventiva y arresto domiciliario tenía como objetivo garantizar la presencia de las 37 personas investigadas en las siguientes etapas del proceso penal.
El juez nacional Luis Adrián Rojas acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía y ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
El juez ordenó a Moreno y a su esposa que presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, debido a que el expresidente reside actualmente en Asunción, Paraguay, donde se desempeña como comisionado del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para temas de discapacidad. La misma medida se dictó para Xavier M., otro de los implicados.
Tras conocerse la decisión, Moreno despedido las medidas presentadas por la Fiscalía, que calificó de “arbitrarias e inhumanas”, por falta de argumentos. “La solicitud de prisión preventiva apostar en un titular de periódicoy no por la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales”, comentó.
El resto de los imputados, dijo la Fiscalía, deberán presentarse cada ocho días en la misma institución. También tienen prohibido salir del país y deben utilizar el grillete electrónico como dispositivo de vigilancia.
La única persona a la que Rojas ordenó prisión preventiva fue Wu Y., uno de los representantes de la empresa Sinohydro en Ecuador, detalló la FGE.

El juez también ordenó medidas de inmovilización y prohibiciones de enajenar bienes por 154 millones de dólares A nivel nacional, poco más del doble de la cantidad que los imputados habrían recibido en sobornos.
Sumado a esto, ordenó a la FGE brindar asistencia penal internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, EE.UU. y Belice para inmovilizar las cuentas corrientes y de ahorro, pólizas de acumulación e inversiones que los imputados mantienen en los bancos de los Estados Unidos. sistemas financieros de estos países.
Asimismo, el juez ordenó el inicio de la investigación fiscal, la cual tendrá una duración de 90 días.
Los 76 millones repartidos
Los cerca de 76 millones de dólares que según la FGE fueron repartidos en sobornos, equivalen a 4% del valor total del contrato.
Estos valores, detalló Salazar, habrían sido recaudados a través de terceros, bajo la figura de falsos servicios de consultoría y representacióny canalizado a través de la empresa offshore Recorsa, cuyo representante legal sería Conto Patiño, quien figura como cabildero y contratista de Sinohydro en Ecuador.

De esa cantidad, $660.000 habrían ido a parar a manos de Moreno y su círculo familiar cercano: $220.000 para él y su esposa; 50.000 para su hija Irina; $350.000 para Edwin Moreno, hermano del expresidente; 10.000 por su otro hermano Guillermo; 25.000 para sus cuñadas Jacqueline V. y Martha G.; y 5.000 para su suegra Aída Graciela.
El grupo familiar de Conto Patiño y colaboradores habría recibido alrededor de 44 millones de dólares, de los cuales 20 millones terminaron en manos de su hija María Auxiliadora.
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