Más años en prisión: la movida de Boluarte en el Congreso de Perú para disuadir la protesta social

El gobierno de transición de Dina Boluarte en Perú, que está cerca de cumplir tres meses en el poder en un clima de inestabilidad política, ingobernabilidad y protestas masivas en su contra, ha decidido llevar a cabo una polémica jugada ante el Congreso para tratar de disuadir a las manifestaciones sociales que aún persisten y se extienden por todo el país sudamericano.

La reciente apuesta del régimen de Boluarte busca que el Parlamento -institución que lo juramentó tras destituir a Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y que ha apoyado su gestión pese al rechazo popular- modifique el Código Penal vigente y el Código Procesal Penal para “fortalecer la respuesta del Estado” en medio de la situación de emergencia impuestos por su gobierno para enfrentar las manifestaciones.

El proyecto propuesto por Boluarte al Parlamento —que se ha negado en varias ocasiones a adelantar las elecciones generales— pretende que reformando estas leyes, Se establecen “medidas inmediatas, urgentes y excepcionales” que otorga permiso al Estado para atender “los delitos que afecten la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados”, cometidos en el actual estado de excepción.

La medida, presentada el pasado viernes 17 de febrero con el expediente PL 4271/2022-PE, tiene como principal objetivo aumentar el número de años que una persona que comete delitos penales pasaría en prisión durante el estado de emergencia.

Las penas que se pretende modificar también incluyen penas más altas contra los agentes del orden acusados ​​de cometer delitos.

Tras conocer la propuesta, sectores civiles y políticos de Perú, como el Partido Voces del Pueblo, han rechazado la polémica reforma y denunciado que el proyecto es un amedrentamiento contra la protesta social y un intento de disuadir al gobierno, porque criminaliza y castiga la legitimidad de las manifestaciones que suman al menos 60 muertos por la represión de la fuerza pública.

¿Qué modificaría el Congreso a petición de Boluarte?

La iniciativa presentada por Boluarte pretende que el Congreso modifique 19 artículos del Código Penal: 121, 122, 159, 186, 189, 200, 204, 206, 273, 279, 279-A, 279-B, 279-G, 280, 283, 315, 365, 366 y 367.

Un punto crítico en las reformas que pretende implementar el Ejecutivo peruano es el período de detención policial contra una persona dentro del estado de excepción, teniendo en cuenta que toda persona que sea detenida, aun sin acreditar su culpabilidad en acto alguno, tendría que permanecer privado de libertad hasta por 48 horascuando el máximo actual es de 24 horas.

Además, si el Ministerio Público o las autoridades así lo deciden, la persona aprehendida podrá ser sancionada con la imposición de una detención preliminar o judicial de hasta diez días; mientras que los juicios inmediatos para los capturados se reducirían de 72 horas a 48 horas.

Algunas de las reformas también apuntan a casos en los que el Ejecutivo ya ha señalado como responsables a los manifestantes. En caso de disturbios que generen violencia física y daños a la propiedad, delitos que ahora se sancionan con penas de seis a ocho años, serían levantados con penas no menores de 15 años de prisión.

Además, en el delito de extorsión, utilizado por las autoridades para culpar a las personas que bloquean las carreteras e impedir el libre tránsito como parte de las protestas, pasaría de una pena de cinco y diez años, a seis y 12 años de prisión.

Lo mismo ocurre con los daños a bienes artísticos, culturales o históricos, que tienen pena de uno a seis años, y que con el ajuste sería sancionado con cuatro a ocho años de prisión. Asimismo, la violencia contra la autoridad pasaría de una pena mínima de dos años a penas de cuatro a seis años.

Otros actos que buscan sancionar son los que entorpezcan el funcionamiento de los servicios públicos y los daños a la propiedad pública y privada, que pasarían de seis a ocho años de prisión y pasarían de ocho a diez años. También tendrían penas más altas, entre cuatro y 20 años de prisión, la delitos relacionados con incendios y explosiones; así como la fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

¿Criminalizar la protesta?

El medio local Wayka destaca que en medio de las protestas, gran parte de la ciudadanía ha denunciado que en los procedimientos policiales, los uniformados han manifestantes enmarcados de presunta participación en hechos violentos, delitos que habrían sido realizados por personas infiltradas por la propia Policía, el Ejército o aliados del régimen.

En ese sentido, recuerda que en varios hechos que se han atribuido a los manifestantes se ha aclarado, a través de fotos y videos, que la fuerza pública e “infiltrados” han provocado incendios afectar la propiedad pública y privada.

Además, ciudadanos y gremios, como la Confederación Campesina del Perú, han denunciado que la policía ha colocado explosivos y armaspara tratar de condenar a los civiles que participan en las protestas.

De esta forma, añade el rotativo, la Administración de Boluarte pretende “endurecer” las penas privativas de libertad como un acto de persecución contra los manifestantes, con lo que pretenden “criminalizar” a la ciudadanía que exige la liberación de Castillo, la renuncia del presidente designado, la clausura del Congreso, la pronta celebración de elecciones generales, una Asamblea Constituyente y justicia para las víctimas muertas y heridas por la represión policial.

3.000 policías para las calles

Mientras las reformas que aspira a implantar Boluarte están en manos del Parlamento, su Ejecutivo otras acciones para “fortalecer la seguridad y la paz social” mediante acciones dictadas por el Ministerio del Interior, encargado del orden y la aplicación de la ley.

El ministro de esa cartera, Vicente Romero, celebró este jueves una reunión con asociaciones empresarialesquienes también han rechazado las protestas, por considerar que ponen en riesgo sus intereses económicos en medio del clima de inestabilidad política y malestar social que vive el país.

Durante el encuentro estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio de Lima, Cámaras Perú, Asociación de Exportadores (Adex), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la Sociedad Nacional de Pesca, la Asociación de Gremios de Productores Agropecuarios (AGAP), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación de Bancos y Pymes Perú; además de policías y funcionarios encargados del orden público.

El ministro Romero prometió a los empresarios coordinar acciones “a favor de la seguridad ciudadana” y destacó que son “intensificar la presencia policial en las calles con el despliegue de 3.000 policíasAl respecto, el funcionario comentó que su gestión está enfocada “en recuperar la confianza de la población en la Policía peruana”.

Según Gobernación, los empresarios reconocieron la labor de los uniformados —muy criticados por la represión a los manifestantes—, y “su actuación en el restablecimiento del orden internotranquilidad, paz social y el principio de autoridad en el país”. Además, dijeron que apoyarán las iniciativas “que busquen reforzar la seguridad ciudadana y el acercamiento de la Policía a la población”.

Aunque el proyecto de ley propuesto por Boluarte aún no ha sido estudiado por el pleno del Parlamento, el texto está en estado de “seguimiento” dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, por lo que se espera que en los próximos días sea evaluado y discutido por el legislativo.

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