Seis meses antes de que los portugueses supieran que Google había llegado a un acuerdo con el Gobierno para instalar el sistema de cable submarino transatlántico Nuvem, que uniría Estados Unidos, Bermudas y Portugal, el abogado Diogo Lacerda Machado coincidió con Alfonso Salema, presidente ejecutivo de la empresa Start. Campus, que le enviaría la transcripción de la conversación que el Primer Ministro, António Costa, había mantenido con un responsable de Google. El acceso privilegiado de Lacerda a la jefatura de Gobierno no tenía precio, aunque Start Campus, que aspiraba a captar a Google como cliente para su centro de almacenamiento de datos digitales en Sines, le había fijado uno: un salario mensual de 6.500 euros.
Lacerda y Costa eran viejos amigos de su época de estudiantes de Derecho en Lisboa. En los últimos años, desde que uno de ellos se convirtió en Primer Ministro de Portugal en 2015, las amistades del otro han florecido como lo hacían en la época escolar. Los inversores sabían que fichar al abogado Lacerda Machado garantizaría un acceso privilegiado al corazón del Gobierno. Una inversión segura en activos estratégicos: información e influencia.
La presión podría ir más allá de Lisboa. Start Campus, que pertenece a dos fondos de inversión (el británico Pioneer Point Partners y el estadounidense Davidson Kempner Capital Managament), intentó que Lacerda moviera los hilos para que el Gobierno portugués exigiera una…
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