Panamá aprueba Primera ley de Minerales Cuánticos; se notan las protestas

Ciudad de Panamá — Entre protestas, denuncias por presuntos sobornos y en tiempo récord, El Ejecutivo sancionó la ley que protege la operación minera de cobre de First Quantum Minerals (FQM), cuyo contrato anterior fue declarado inconstitucional. Los sindicatos advierten que su lucha en las calles no cesará.

Ubicada en la caribeña provincia de Colón, la operación de la mina de cobre, conocida como “Cobre Panamá”, se encuentra en fase de exportación del mineral rojo desde 2019 por parte de la empresa canadiense FQM, y ahora se encuentra amparada bajo la Ley 406 de Octubre. 20, 2023.

El nuevo documento reemplaza la Ley 9 de 1997, que según la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 2017, era un contrato leonino para el Estado panameño.

“Este no es un contrato minero, es un contrato que vende el país, la batalla no termina sino que comienza aquí, el pueblo y las generaciones presentes y futuras tienen la última palabra, para que nadie crea que se salieron con la suya”, expresó. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).

“Podemos decir que prevaleció la corrupción, todos saben que fue entre $2 y $5 millones [el pago por] los votos [de los diputados] “Por el contrato que vende el país, pero que no ha comprado la conciencia y el patriotismo de nuestro pueblo, vamos a seguir, que nadie tenga dudas de eso”, agregó el representante de la máxima organización sindical panameña.

Mientras que por parte del sector empresarial, Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Aclaró que “en democracia las manifestaciones que se dan respetando derechos de terceros son legítimas y el cierre de vías no es una práctica democrática, porque hay afectaciones severas a la sociedad”.

Añadió que las continuas manifestaciones “dañan desde el punto de vista más humano, que la gente no puede acudir a una cita médica” y afectan a la economía en términos globales.

“Si las protestas se extienden, envían malas señales a la actividad económica y el desempleo podría empeorar”, afirmó el Conep.

Diversos representantes de la sociedad civil han cuestionado la celeridad del procedimiento minero y su publicación en el Diario Oficial, entre estos Roberto Barsallo, expresidente de la organización Libertad Ciudadana, capítulo Panamá.

Si bien el fallo de inconstitucionalidad tardó cuatro años en publicarse, la nueva ley minera apareció en el Diario Oficial el mismo día en que el Legislativo concluyó el tercer debate, luego de la sanción presidencial.

El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Nacional por el Ejecutivo el 16 de octubre y aprobado cuatro días después. Consta de más de cien páginas y coincide con que la transmisión del debate legislativo fue interrumpida por supuestos problemas técnicos, denunció el diputado. Edison Broce independiente.

“La viabilidad social y económica al final fue lo que valoró el pleno de diputados para respaldar este documento firmado por el Gobierno de Panamá y la empresa concesionaria. El resultado fue de 47 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones”, cita un comunicado del Asamblea Nacional.

Mientras tanto, uno de los diputados que votó en contra del contrato, Elías Vigil, denunció en sus redes presuntos sobornos: “Mucho maldito maletín… sigan jodiendo que les tiro al agua, 1,5 jooooo”.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, defendió la normativa. “Se eliminó el derecho de la empresa a solicitar la expropiación de terrenos privados; no estábamos debatiendo el futuro de Panamá en materia minera”, destacó el funcionario.

“Hemos visto una publicación de un contrato de ley que lleva cinco meses divulgado, lo subimos a la plataforma Ágora desde marzo, “No recuerdo ningún contrato de concesión minera, portuaria, energética o de otro tipo del Estado panameño que haya sido tan debatido”, Enfatizó Alfaro Boyd.

Sin embargo, la difusión a la que se refiere el funcionario utilizó fundamentalmente internet, en un país donde cerca del 30% de los hogares carecen del recurso, documento que originalmente tenía 69 páginas, no permitía impresión y contaba con un proceso de consulta “no vinculante”.

Con la nueva ley minera para FQM, y cuyas condiciones económicas se aplican con carácter retroactivo a partir de 2021, cuando se publicó la inconstitucionalidad, Se establece que la empresa canadiense deberá pagar una regalía por ganancia bruta de entre el 12% al 16%, aumentando el porcentaje inicial del 2%.

Se estableció un área de concesión de 12.955 hectáreas para la explotación de cobre y un aporte mínimo anual de US$ 375.000.000 para el Estado panameño.

First Quantum Minerals, a través de su filial Minera Panamá, afirma haber invertido alrededor de US$10.000 millones y que su proyecto genera alrededor de 40.000 empleos, entre directos e indirectos.

La inversión ha enfrentado cuestionamientos por su manejo ambiental en un bosque protegido, por lo que se adelantan investigaciones en el Ministerio Público.