Publicado:
22 de febrero de 2023 21:38 GMT
El apoyo económico se otorgará a los familiares de civiles y policías fallecidos y heridos graves.
El gobierno interino de Dina Boluarte otorgará una “apoyo economico” a los familiares de los fallecidos y heridos graves en el marco de las movilizaciones que se vienen realizando desde el pasado 8 de diciembre.
Decreto Presidencial de Urgencia N° 006-2023, emitido este martes 21 de febrero, autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar 50.000 soles ($13.040) a las familias de los fallecidos, y 25.000 soles (6.520 dólares) los que tienen familiares heridos.
La compensación monetaria alcanza a los civiles y policías que se han visto afectados en las protestas que se desarrollaron hasta el pasado 10 de febrero.
El día de hoy se publicó el Decreto de Urgencia N° 006-2023, que autoriza el otorgamiento de apoyos económicos a los familiares de los fallecidos y heridos graves, en el marco de las protestas sociales. Conoce los detalles aquí 👉 https://t.co/lS7UFhldrQ. pic.twitter.com/3ng8A0Nype
– Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) 22 de febrero de 2023
Según establece el texto del decreto, el apoyo económico se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público.
Además, el Gobierno aclara que la disposición “no tiene ninguna implicación en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales”.
Violencia en las protestas
Desde que se agudizó la crisis política en Perú, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso, el 7 de diciembre de han fallecido 48 civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) denunció al Gobierno de Perú por el uso “armas letales ilegítimas” de forma “indiscriminada, especialmente contra indígenas y campesinosen el contexto de la represión”.
La Administración de Boluarte negó que haya una política de violación de los derechos humanos en el país y que sus autoridades hayan actuado con racismo, rechazando el informe de AI sobre la represión estatal.
“El Gobierno (…) es categórico al afirmar que en el Perú no hay una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos o lo que han llamado ‘racismo sistémico’ en el accionar de las distintas autoridades”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado la noche del sábado.
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