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Por qué la ‘devolución’ de miles de lacrimógenas levanta una airada polémica en Perú y Ecuador

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El gobierno de Guillermo Lasso se ha convertido en uno de los pocos aliados de la cuestionada gestión de Dina Boluarte.

Las multitudinarias protestas en Perú contra el gobierno “transitorio” de Dina Boluarte llevan dos meses y las tensiones no parecen calmarse. El malestar social que se observa con manifestaciones diarias en todo el país han recrudecido el clima de hostilidad y la prolongada crisis política.

Esta convulsa situación, que dista mucho de ser una salida rápida, ha llevado a las fuertes protestas se han extendido desde las provincias más lejanas y rural a Lima, la capital del país, situación que preocupa a las cuestionadas autoridades peruanas.

La situación parece haber llevado al límite de su capacidad a las fuerzas del orden público y al régimen de Boluarte, acusados ​​de cometer violaciones contra los Derechos Humanos de los manifestantes.

En ese contexto, el gabinete de Boluarte pidió al gobierno ecuatoriano, encabezado por el conservador Guillermo Lasso, que devolviera 12.000 botes de gas lacrimógeno cedidos por el expresidente peruano Martín Vizcarra a su entonces homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, para reprimir las protestas antigubernamentales de 2019.

Así, a finales del pasado mes de enero, Lasso -que ha manifestado públicamente su apoyo al régimen de Boluarte tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo- aprobó la entrega a Perú de 6.000 botes de gas lacrimógeno de 37 milímetros5.000 cartuchos de 12 mm y 1.000 granadas de mano.

La decisión de Lasso ha sido criticada tanto en Ecuador como en Perú, especialmente por los diferentes movimientos sociales que encabezan las protestas para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales, una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo, detenido desde diciembre pasado. 7mo.

Quito le devuelve el arete a Lima

Perú apoyó al gobierno del derechista Moreno para incrementar la represión de la fuerza pública contra los manifestantes en Ecuador, que exigían la renuncia del presidente.

El brote que enfrentó Moreno se dio en octubre de 2019, cuando la población salió a la calle tras el anuncio de una serie de reformas que incluyeron la supresión del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas y menos costosas en Ecuador, así como al diésel.

En esa ocasión, las protestas duraron 11 días y dejaron 11 muertos, 1.340 heridos —incluidas 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos. Si bien Moreno terminó derogando el decreto 883 para contener el brote, meses después promulgó otras medidas impopulares que generaron más protestas.

Fue precisamente en mayo de 2020, cuando el Gobierno de Vizcarra, que asumió la presidencia tras la dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, envió a Moreno el lote de granadas que ahora Lasso devuelve a Boluarte, para intentar contener la ola de manifestaciones.

El apoyo del gobierno de Lasso a Boluarte es visto por los manifestantes y organizaciones sociales como una injerencia en los asuntos internos del Perú.

Además, sectores que rechazan el régimen de Boluarte considera que Lasso actúa a espaldas de la comunidad internacionalquien ha manifestado su rechazo a la ola represiva en el Perú.

manifestaciones de rechazo

La semana pasada, grupos que rechazan la decisión de Lasso realizaron una planta de semillero afuera de la embajada peruana en Quito para expresar su preocupación.

También solicitaron una explicación a la Cancillería, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia por la entrega de las granadas a la Policía peruana, así como la rescisión inmediata de los acuerdos de cooperación policial entre ambos países.

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Recién a mediados de enero la Policía Nacional del Perú solicitó con “muy urgencia” la compra de 230.000 granadas y cartuchos de gas lacrimógenoademás de otros artículos antidisturbios.

Además, el Ejecutivo de Boluarte ha transferido fondos de manera especial, 22,9 millones de soles (5,95 millones de dólares), al Ministerio del Interior para financiar gastos de la Policía como viajes y alimentación de los agentes para contener las manifestaciones.

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