Publicado:
22 de febrero de 2023 20:27 GMT
La abogada ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que el expresidente llegará a su país “en el momento en que la justicia peruana inicie un juicio oral en su contra”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) a su país, para que responda por los delitos de colusión y lavado de dinero. Ahora se espera que el traspaso del político sea inmediato.
El fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, explicó que se le notificará a Toledo la decisión para darle la oportunidad de “entregarse”; y, en caso de que no se produzca, “el Estado deberá ejecutar su decisión de arresto”.
“A partir de aquí hay que esperar a que las autoridades estadounidenses confirmen que esta persona está lista para ser trasladada y sobre esto Perú confirme cuál sería la comitiva, seguramente Interpol y otros funcionarios, que van a ejecutar esta decisión; es decir, vaya”. allí, ejecutar la entrega y hacer el traslado a territorio peruano”, agregó, citado por RPP.
🎙| En entrevista con un medio local, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, fiscal superior Rafael Vela, informó que Alejandro Toledo ha sido notificado del proceso de extradición en su contra y actualmente cumple una orden de arresto domiciliario en Estados Unidos. pic.twitter.com/EpPEevZdN1
– Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 22 de febrero de 2023
El fiscal espera que, aunque “no hay un plazo estricto”, todo el proceso para que Toledo esté finalmente en suelo peruano no se extiende por más de siete u ocho semanas.
La defensa legal del exmandatario anunció que presentará un recurso de apelación ante la Corte del Distrito Norte de California, en Estados Unidos, solicitar la suspensión del proceso de extradición. No obstante, Rebaza indicó que se trata de una decisión que “ya pasó por todas sus etapas”, con lo que se espera que “sea ejecutable tras la coordinación en el tiempo que ello conlleve”.
El proceso en Perú
La abogada ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que Toledo llegará a su país “en el momento en que la justicia peruana inicie un juicio oral en su contra y otros investigados”.
Agregó que “probablemente es uno de los casos más completos que tiene el equipo especial” de Lava Jato.
Toledo está siendo procesado como un ciudadano común, porque su derecho a la acusación como expresidente, establecido en la Constitución peruana, venció cinco años después de que dejó el cargo.
Además, en febrero de 2017, la Mesa Directiva del Congreso acordó retirarle otros beneficios que tenía como expresidente, como préstamo de vehículo, vales de combustible y la contratación de personal de apoyo.
Toledo se indica en Perú de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios en el país sudamericano, cuando era presidente.
La Fiscalía peruana solicitó 35 años de prisión para Toledo en noviembre pasado por el caso del tramo IV de la Carretera Interoceánica Perú-Brasil, lo que sería la tercera acusación en el caso Lava Jato.
Previamente, se pedía en su contra 20 años y 6 meses de prisión, por aceptar un supuesto soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht; y también 16 años y 8 meses de prisión por el caso Ecoteva, una trama de corrupción en la que el Poder Judicial “detectó una ruta de dinero con cuentas ‘offshore’ en Panamá y Costa Rica”, que llegaba a Perú para la compra de inmuebles.
El expresidente reside en EE.UU. desde 2017, y Lima solicitó su extradición al año siguiente. Así, en 2019 fue arrestado en California y pasó ocho meses en prisión, aunque luego pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, beneficio que obtuvo en medio de las medidas tomadas por la emergencia del coronavirus.
Toledo no es el único expresidente de Perú acusado de estar inmerso en casos de corrupción y recibir sobornos de Odebrecht. El expresidente Pedro Pablo Kuzcynski permaneció bajo arresto domiciliario, Ollanta Humala se encuentra en medio de un proceso judicial en curso y Alan García se suicidó poco antes de ser detenido.
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