Publicado:
27 de febrero de 2023 12:19 GMT
Desde octubre pasado se han producido más de 500 rebajas de penas a agresores sexuales en el país en aplicación de la nueva legislación.
La Audiencia Provincial de Sevilla, en España, ha reducido en cinco años la condena de un hombre que violó y mató a una mujer de 83 años, tras revisar la pena por la entrada en vigor de la ley conocida como ‘solo sí se sí’ el pasado mes de octubre.
Esta es una de las rebajas de pena más altas que se han producido tras la aprobación de la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, según El Mundo.
En total, ya serían unas 560 rebajas de penas producidas a riesgo de la nueva legislación, un goteo que desde octubre ha provocado una gran polémica en el país, con la oposición política atacando duramente a la nueva norma y con el Ministerio de Igualdad. encabezada por la ministra Irene Montero, sosteniendo que un aplicación incorrecta de la ley.
reforma controvertida
La nueva ley fusionó los antiguos tipos penales de abuso sexual y agresión sexual, que se diferenciaba esencialmente en que el segundo debía mediar agresión o intimidación. Este hecho hizo que en muchas ocasiones la pena impuesta al agresor dependiera de la resistencia que opusiera la víctima y que en otros casos las agresiones a víctimas indefensas, como niños, minusválidos y mujeres drogadas, fueran menos punibles.
Para evitarlo, se creó un único tipo penal, con agravantes y atenuantes según el hecho delictivo. Al abarcar una serie de infracciones de distinto alcance, algunas de ellas muy graves y otras conductas leves, se amplió el rango de oraciones, por lo que se rebajaron algunas de las penas mínimas, mientras que se ampliaron algunas de las máximas.
Debido al principio de retroactividad de las leyes más favorables al reo -no así de las que serían más gravosas- ha habido una avalancha de solicitudes de revisión de sentencia en los últimos cinco meses. Aunque la mayoría han sido rechazadas, se han concedido más de 500.
Desde el Ministerio de Igualdad se alega que no se está aplicando correctamente la legislación, ya que si se pudiera imponer la pena anterior con la nueva ley, no debería revisarse la pena, a su juicio. Una opinión que coincide con la de la Fiscalía, que envió una circular al respecto en octubre.
Sin embargo, la polémica está haciendo mella en la opinión pública, en un año repleto de citas electorales, donde la ciudadanía acudirá a las urnas en los comicios municipales y autonómicos de mayo y en los comicios nacionales con toda probabilidad en diciembre.
El Partido Socialista quiere reformar la ley
En este escenario se ha producido un choque entre los dos socios del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Los primeros son partidarios de una nueva reforma del Código Penal para atajar lo que llaman efectos no deseados de la ley. En la UP no están a favor de ninguna reforma, ya que una pena más dura no resolvería la situación actual, porque no sería retroactiva, ya que sería más gravosa para el reo.
El PSOE ya ha presentado un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para plantear unas sentencias, una propuesta que de momento no contaría con el apoyo de las fuerzas que avalaron la investidura del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, puede contar con la apoyo del Partido Popularla principal formación de la oposición.
La ministra Montero, por su parte, lleva varias semanas llamando al diálogo al interior del Ejecutivo. su intención es no vuelvan a incluir la violencia y la intimidación en la norma de manera central y que el consentimiento sigue siendo el corazón de una legislación que introdujo otras muchas novedades en materia de atención a las víctimas de violencia machista.
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