Casi cuatro años después de ser ubicadas en un campo de refugiados para familias yihadistas, en el noreste de Siria, Luna Fernández y Yolanda Martínez aterrizaron en Madrid junto con 13 menores a su cargo.
Llegaron al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz durante la madrugada del lunes 9 de enero. Las familias, que llevaban años pidiendo la repatriación, ni siquiera sabían cuándo pisarían suelo español sus hijas y nietos.
Fue el abogado y eurodiputado Javier Nart quien les avisó de la hora y lugar de llegada.
“A las familias no se les permitía ver a sus nietos, ni siquiera podían cruzar la línea. Aparentemente, los expertos determinaron que estos niños eran un riesgo para la seguridad nacional y que sería extremadamente peligroso si pudieran ver a sus abuelos”, dijo Nart a Euronews.
“Fueron allí a darles un abrazo a sus nietos y no los dejaron entrar al aeropuerto”, confirma el abogado de la familia, José Luis Laso.
Solo pudieron verlos unos días después, cuando los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que ahora se encarga de los menores, autorizaron la visita.
Se reunieron con ellos en el centro de acogida donde se encuentran tras el ingreso de sus madres en prisión provisional, después de que prestaran declaración ante la Audiencia Nacional.
“Al final se les permitió pasar un momento con sus nietos para que vieran a un familiar cercano que les dio un abrazo. Lo que más necesitan estos niños es seguridad y cariño”, afirma Laso.
44 meses en el infierno
Los maridos de Yolanda Martínez, de 37 años, y Luna Fernández, de 36, estuvieron vinculados a una célula de reclutamiento yihadista que operó en la mezquita M-30 de Madrid entre 2011 y 2014.
Los dos viajaron a Siria para formar parte del autoproclamado Estado Islámico hace aproximadamente ocho años, pero cuando la ciudad de Baguz cayó en 2019, los campamentos kurdos comenzaron a llenarse de mujeres y niños vinculados a miembros del Estado Islámico.
Tras años con el proceso de repatriación paralizado por las peticiones de “prudencia” del Gobierno español, Yolanda ha regresado al país con sus cuatro hijos y Luna con nueve menores a su cargo, cuatro de los cuales son de otras madres.
Poco se sabe del destino de estos 13 chicos ya que, tanto desde el Departamento de Menores de la Fiscalía General del Estado, como desde el área de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, al ser contactados por este medio, han asegurado que no pueden Informar sobre el proceso a seguir para proteger a los menores.
Lo que sí se sabe es que comienza un camino que no será corto. Se encuentran ante dos posibilidades, o bien pueden continuar en su entorno familiar, pero con el apoyo de los servicios sociales, o bien se establece una situación de desamparo, y no pueden vivir en su domicilio al no existir un “representante legal”.
La Fiscalía es parte de todo este proceso, siguiendo la evolución de los niños y elaborando informes, y los expertos hablan de cómo el Estado afrontará su integración y desradicalización.
“Lo lógico hubiera sido que una vez establecida la repatriación hubieran hablado previamente con las familias para valorar las condiciones y si podían hacerse cargo de los menores. El acogimiento por parte de los servicios sociales debería haber sido la última instancia cuando no hay acogimiento familiar”, dice Nart.
una situación sin precedentes
Hay varios factores que complican el proceso de inserción de estos niños. Lo primero es que España no tiene experiencia previa en la repatriación de menores que han vivido bajo el yugo del grupo Estado Islámico y es la primera vez que se enfrenta a una realidad así.
Mientras que otros países europeos ya habían traído decenas o incluso cientos de niños de Siria, España tenía un número muy pequeño allí. El pasado lunes repatrió el grueso de los que tenía: de los 17 que había en Siria, sólo quedan cuatro.
“España todavía no ha tenido la oportunidad de aprender de su propia experiencia, por eso está haciendo lo que sabe”, dice Álvaro Vicente, investigador de Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.
Y lo que sabe viene del proceso que han seguido otros países europeos. Dice el investigador que Francia, por ejemplo, separaba a las madres de los niños directamente en Siria o nada más llegar a territorio francés y les pedía en el avión que explicaran a los menores qué iban a encontrar cuando llegaran.
“Estos menores se enfrentan por primera vez a la necesidad de crear vínculos. Hay algunos que no han visto a su familia extensa antes. Entiendo que lo que van a hacer las autoridades, y lo que ha pasado en otros países, es una evaluación continua de cómo se están integrando estos menores y cómo avanzan en su rendimiento académico”, dice Vicente.
La edad de los niños es el segundo factor a tener en cuenta. Hablamos de un grupo de 13 menores con edades y situaciones muy diferentes. Desde los cuatro o cinco años -no se sabe la edad exacta de los que nacieron en el califato- hasta los 15. Unos nacidos en España, mientras que otros pisarán el país por primera vez.
“Todos los que hemos vivido bajo la arquitectura del Estado Islámico hemos sido testigos de una realidad execrable, muy difícil de imaginar para cualquiera”, afirma Manuel Gazapo, experto en seguridad, Doctor en Relaciones Internacionales y director institucional de Universae.
“Muchos de los grandes psicólogos que trabajan hoy en los procesos de radicalización ven con mucha preocupación el trabajo que van a tener que hacer con estos niños”, añade.
¿Una posible radicalización?
Según el experto del Real Instituto ElCano, Madrid es uno de los pocos casos a nivel europeo en los que la Agencia para la Reeducación y Reinserción de los Menores Infractores ha creado una herramienta propia, adaptada a los menores, para detectar indicadores de radicalización.
“Esta es simplemente una herramienta que permite a los profesionales tener una idea muy general de si alguien tiene indicadores compatibles con la radicalización”, dice.
Para ambos investigadores, a la hora de evaluar una posible radicalización, la edad es un factor clave, ya que en Francia, por ejemplo, si un menor tiene menos de seis años, se entiende que el riesgo es muy bajo.
“Ahora bien, cuando hablamos de edades más adultas, especialmente de aquellos menores que tienen una edad en la que es posible que hayan sido entrenados en el ejército, sería lógico aplicar un mayor seguimiento y supervisión, para ver si en el futuro podría dar algún indicador de conducta que sea compatible con la radicalización”, dice Vicente.
“El proceso de reinserción de estos menores dependerá en gran medida de lo que analicen, indiquen y prescriban los peritos que trabajan con la Audiencia Nacional”, añade Gazapo.
“Ya no hablamos solo de abogados, jueces y policías, sino también de expertos en el campo de la psicología y la psiquiatría, así como de mediadores sociales que puedan colaborar juntos”, zanja.
Según el experto en Seguridad y Relaciones Internacionales, podría servir de ejemplo el modelo que se ha seguido para reintegrar a niños que han tenido la desgracia de vivir inmersos en el mundo del crimen organizado, u otras situaciones.
Sostiene que habrá que contemplar un trato especial para cada una de las circunstancias de estos menores.
Sin embargo, como apunta Vicente, la experiencia de otros países europeos que repatriaron hace varios años, y que ya tienen alguna experiencia, indica que la mayoría de los menores repatriados no tienen problemas para integrarse en sus comunidades locales y no muestran indicadores de radicalización.
