Tres años sin justicia: el caso de la saxofonista atacada con ácido que caldea la política mexicana

Han pasado poco más de tres años desde que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido en su natal Oaxaca, México. En ese tiempo, sin embargo, no solo ha tenido que preocuparse por su salud sino también deja que la justicia se haga cargo de los autores de su agresión.

Uno de los responsables es el exdiputado federal Juan Antonio Vera Carrizal, a quien Ríos Ortiz señala como el artífice del ataque. El político se encuentra en prisión preventiva extraoficial en el Centro Penitenciario de Hombres Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, aunque no permanecerá por mucho tiempo allí.

Polémica casa para cárcel

Luego de seis largos días de audiencias, que se realizaron de manera virtual, el juez Teódulo Pacheco determinó que procedía un amparo con el que Vera Carrizal pretendía la arresto domiciliario.

En una entrevista con RT, la joven afirma que este recurso lo ha interpuesto su agresor “con el pretexto de que está enfermo”. Sin embargo, asegura al hombre presentado ante el juez “medios de prueba inconsistentes y con exceso de datos”.

Ríos Ortiz también denuncia que el juez de la causa ha ejercido contra ella “sumisión y violencia psicológica”, con el supuesto afán de cansarla, distraerla y desconcertarla. Sin embargo, se mantiene firme y dice que no se cansará de luchar por todas las mujeres que se encuentran en la misma situación. “El hecho de seguir resistiendo deja un precedente“, sostiene.

Debido a que su agresor ha presentado hasta el momento 11 amparos, la causa penal por tentativa de feminicidio aún no llega a la etapa intermedia. El letargo en el proceso afecta aún más a la víctima: “Al no darme ni garantizar justicia pronta y expedita, se están vulnerando nuevamente mis derechos humanos”, lamenta.

“Es muy difícil caminar por este camino”

Hasta el momento, el joven saxofonista no ha recibido sin compensación económicay tuvo que ‘luchar’ para que el gobierno se hiciera cargo, inicialmente, de su rehabilitación.

Salió del hospital en enero de 2020 y el proceso ha sido muy complicado: “Tuve que aprender a caminar de nuevo”, dice. La falta de movilidad fue una de las primeras consecuencias que sufrió después de estar postrada durante tanto tiempo -desde el día del atentado, el 9 de enero de 2019-, ya que sus huesos estaban descalcificados.

Otra dificultad ha sido el acceso a tratamientos dermatológicos. “Son casi inaccesibles –se lamenta- por lo caros que son, te mejoran mucho la piel, pero no la dejan igual”.

“Un láser que necesito por lo menos cinco veces al año cuesta 60.000 pesos (3.188 dólares)”, agrega. Estos tratamientos también deben combinarse con cirugías reconstructivas e inyecciones de medicamentos para mejorar la apariencia de las cicatrices.

Para Ríos Ortiz, quien también es periodista y activista, “es muy difícil caminar por el camino de la justicia”. Lo más duro, dice, es que ni todo el dinero ni la cárcel de sus agresores le devolverán sus proyectos de vida. Sin embargo, aclara que su lucha es para que casos como el suyo no vuelvan a ocurrir.

“Me escribió una niña menor de edad y me dijo ‘desde que te atacaron te sigo. Veo que no te rindes, entonces decidí denunciar a mi agresor, me viola desde que tengo ocho años’. Fue entonces cuando entendí ¿Dónde comenzó la justicia?“, subraya.

Uno de sus mayores deseos es que las chicas de hoy vean este tipo de ataques con asombro -y no con naturalidad-. “Al igual que nosotros, en algún momento, nos sorprendió descubrir que a las mujeres no se les permitía votar”.

Lejos de una vida digna

A María Elena Ríos Ortiz no le gusta que la llamen víctima, aunque legalmente es el término adecuado para referirse a ella, pero denuncia “las campañas de desprestigio y las que incitan al odio y la violencia” en su contra.

“[Me atacan] porque voy a restaurantes con amigos, porque toco el saxofón. ¿Quién dice que estoy bien? estoy sobreviviendo pero No estoy llevando una vida decente.“él añade.

Indignación por la decisión del juez

Tras la decisión del juez, que ordenó la prisión domiciliaria de Juan Vera Carrizal, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitará al Poder Judicial del Estado cambiar la medida cautelar para que permanezca en prisión preventiva.

También hubo reacciones de instituciones, así como de diversos colectivos defensores de los derechos humanos: “La resolución del Poder Judicial en el caso de Elena Ríos sienta un precedente de injusticia y también muestra violencia institucional”, publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo un “respetuoso llamado a las autoridades ministeriales y judiciales de Oaxaca, para que en el ámbito de sus competencias garantizar la seguridad de María Elena Ríos y su familia mediante los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Incluso, en horas de la mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que buscará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que revise el caso, “porque es una agresión extrema a una mujer, una tentativa de feminicidio, algo muy serio“.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, claudia sheinbaumcalificó de “indignante” la decisión del juez que concedió prisión domiciliaria al agresor de Ríos Ortiz.

La respuesta de las autoridades

Ante la polémica desatada, la Secretaría de Seguridad de Oaxaca realizó un análisis de riesgo que determinó que el domicilio de Vera Carrizal no tenía las condiciones mínimas para asegurarse de que no se escapó. Además, informó que no podía monitorear permanentemente al imputado para evitar que evadiera la justicia.

Por lo anterior, el organismo solicitó a la Justicia del Estado no otorgar arresto domiciliario, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

“El 24 de enero la jueza de control del circuito judicial, Martha Santiago Sánchez, notificó que por no existir las condiciones para realizar el traslado y vigilancia de Juan Antonio [Vera Carrizal], debe seguir cumpliendo prisión preventivaRodríguez explicó.

Este jueves, el propio María Elena Ríos Advirtió que la suspensión de la medida de libertad de su agresor es temporal, “mientras se revisa la impugnación de la audiencia”.

Por otro lado, la FGR anunció esta semana que “colaborará con todos los elementos técnicos, periciales y policiales” para asistir a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el caso, ya que se trata de un delito de derecho común.

“La administración de Justicia es fundamental para evitar que un inocente quede en prisión o que un culpable de un delito quede impune”, destacó hoy el secretario de Seguridad durante el ‘mañana’ de López Obrador.

Agresores intelectuales y materiales

Juan Vera Carrizal es exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresario de gasolineras. Antes de su detención, Ríos Ortiz lo responsabilizó de ser el autor intelectual del atentado, orquestado despues de la ruptura amorosa con su hijo, Juan Antonio Vera Hernández.

Según las investigaciones, este último habría contratado a dos albañiles, identificados como Ponciano H. y su hijo Rubicel H., a través de Rubén L., para que le arrojaran ácido al saxofonista en las afueras de su casa en Huajapan de León, en Oaxaca.

Padre e hijo fueron arrestados en diciembre de 2019 y recluido en el Centro Penitenciario de Hombres de Tanivet, donde murió Ponciano H. en abril de 2021.

En tanto, Rubén L., quien trabajaba para Vera Carrizal y fue el encargado de pagar el ataque a los albañiles, fue detenido en abril de 2020 y se encuentra en el mismo penal.

Por su parte, Juan Vera Carrizal se entregó en las instalaciones del Centro de Control de Comando y Comunicaciones de Oaxaca, de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de lo cual fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tenía orden de aprehensión emitida por un juez de control, como presunto autor intelectual de la tentativa de homicidio contra Ríos Ortiz. Lleva dos años en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Tanivet.

Nada se sabe de Juan Antonio Vera Hernández. La FGE emitió ficha de búsqueda para ubicarlo por tentativa de feminicidio, y Ofrecen recompensa de hasta un millón de pesos (equivalente a $53.134) por información que conduzca a su paradero y facilite su captura.

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