Más incertidumbres que certezas dejan los tres meses de protestas masivas que se han extendido en Perú desde que el presidente Pedro Castillo fue derrocado y encarcelado, y se designó a su reemplazante, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando se agudizó la crisis política e institucional en el Perú. Ese día Castillo dictó un polémico decreto en el que disolvió el Congreso y otras instituciones del Estadoargumentando que le impidieron gobernar y violaron tanto el orden constitucional como el mandato popular en el país sudamericano.
Castillo denunció una continua persecución judicial con fines políticos que buscaba derrocarlo y que solo alimentaba la crisis de gobernabilidad que ha vivido el país en los últimos años.
El presidente también advirtió de un continuo boicot en su contra que insistió obstruyen el proyecto de gobierno progresista que eligió la mayoría de los peruanos cuando lo eligieron como jefe de estado. Al parecer, la medida de Castillo, según varios de sus defensores, fue el último recurso que tuvo el presidente para salvar al gobierno de él.
No contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni del resto de las instituciones del Estado, La decisión de Castillo fue revertida en pocas horas por el Parlamento, de mayoría derechista, que lo vació en una breve sesión de urgencia que otorgó de inmediato la presidencia a Boluarte.
A partir de ese momento, los peruanos que votaron por Castillo y defendieron su elección como Presidente de la República comenzaron a salir a las calles para exigir su liberación y reposición en el cargola salida de Boluarte del poder, el cierre del Congreso, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar completamente el Estado y sus instituciones.
Muertes, represión y conflictos diplomáticos
Dado que Castillo fue desalojado y encarcelado, las protestas en Perú no han cesado y se han quedado, sobre todo, en el llamado “Perú profundo”, regiones del sur del país que han sufrido la mayor parte de las víctimas mortales, como la matanza de Puno donde murieron 20 personas. En estas localidades desconocen la Administración de Boluarte y califican la actuación del Congreso como parte de una “dictadura parlamentaria”.
Así, durante los tres meses de protestas —que no cesan en sus reclamos—, al menos 60 personas han muerto y miles más han resultado gravemente heridastodo en medio de una fuerte represión estatal en manos de policías y militares que intentan frenar a toda costa el descontento social.
Precisamente el terrible saldo de muertos y heridos en el contexto de las manifestaciones y la represión ha generado preocupación de la comunidad internacionallo que ha llevado a la administración Boluarte a chocar con varios gobiernos de la región que han denunciado la gravedad de estos hechos.
Así, los roces diplomáticos entre el Gobierno de Boluarte han incrementado las tensiones, sobre todo y de forma directa con países como Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México, que han acusado al Gobierno del presidente de violar constantemente los derechos humanos, descalificando las protestas y estigmatizando a los manifestantes como “un pequeño grupo de violentos” y “terroristas“, además de reprimir a los ciudadanos.
También se cuestiona la legitimidad del Gobierno de Boluarte y desconocido por varios países del continente. México y Honduras han reiterado que continúan reconociendo a Castillo como presidente de Perú; mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) advierten que la vacancia de Castillo se produjo en contra del mandato popular y fue creada a través de una persecución continua que finalmente se materializó en un golpe parlamentario. estado
Entre los acciones emprendidas por Boluarte y el Congreso peruano a nivel diplomático contra sus detractores ha sido declarar persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, mientras estudian aplicar la misma medida contra el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales críticos de lo que ocurre actualmente en Perú, quien también defiende a Castillo y otorgó asilo a su esposa e hijos.
Crisis interna en el Gobierno de Boluarte
La Administración de Boluarte, además de protestas generalizadas, también se enfrenta a una posible crisis económica provocada por la inestabilidad política, el paro parcial de la actividad productiva y los continuos cortes de ruta como parte de las manifestaciones.
Este clima de ingobernabilidad, así como las denuncias de violaciones de derechos humanos, han provocado que el Consejo de Ministros de Boluarte se haya visto afectado por continuas dimisiones y nombramientos de nuevos cargos en distintos cargos del Ejecutivo.
Estas designaciones se reflejan en ministerios clave como Defensa, Interior y el jefe del Consejo de Ministroscargos en los que Boluarte ha tenido que recurrir a varios nombres.
Precisamente por la acción represiva del Estado, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra Boluarte para el presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves registrada durante las protestas contra su gobierno.
por estos hechos son investigados el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. También son investigados Pedro Ángulo, quien fuera presidente de Boluarte, el primer exjefe de Interior de su Gobierno, César Cervantes, y su sucesor en la cartera, Víctor Rojas.
La medida de la Fiscalía busca determinar las responsabilidades en varios presuntos crímenes de lesa humanidad ocurrido entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, donde fallecieron la mayoría de las víctimas registradas en las protestas.
Congreso se niega a adelantar elecciones
En medio del clima de inestabilidad que reina en Perú, el Congreso se mantiene distante de las demandas de los manifestantes y su posición ha sido rechazando constantemente las diversas iniciativas llevado al pleno para intentar adelantar las elecciones generales para este 2023.
A pesar de que el adelanto de las elecciones, que incluiría la renovación de los escaños del Parlamento, está una demanda generalizada en las protestasla mayoría del Congreso peruano ha rechazado esa iniciativa en al menos cinco ocasiones.
En medio de la negativa del Parlamento, las comunidades del sur del Perú llamaron el 1 de marzo a la ‘segunda toma de Lima’, un llamado a multitudinaria protesta en la capital del país a seguir presionando por sus demandas, sobre todo, de que se celebren elecciones anticipadas, que se renueve el Congreso y que Boluarte deje el poder.
Las nuevas manifestaciones, surgidas en medio de un clima de pocas garantías para los ciudadanos y mayor represión policial, han dejado varios heridos e incidentes tanto en Lima como en otras regiones del país donde se repiten las acciones callejeras. Además, las nuevas protestas se dan en un contexto donde el Gobierno de Boluarte, el Congreso y las fuerzas de seguridad generan un amplio rechazo entre la población, según las encuestas.
En vísperas del tercer mes de protestas y al mismo tiempo que Boluarte estaba en el poder, los manifestantes pintaron un enorme mural en Lima con un mensaje que dice “Estado asesino”, frase que deja entrever las costuras de una lucha social que, más allá encontrar formas de resolverlo, parece mostrar las complejidades de un conflicto político interno que podría escalar a una situación más compleja y profundacomo la ya anunciada “guerra civil” que advirtieron podría comenzar según las comunidades indígenas aymaras que habitan en el sur del Perú.
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