Publicado:
27 de febrero de 2023 14:14 GMT
Los familiares de Pablo González denuncian el aislamiento en el que se encuentra y el casi continuo silencio institucional. Al mismo tiempo, piden que se respeten los derechos fundamentales.
En el marco de la crisis ucraniana, uno de los mayores bochornos sobre la libertad de expresión en la Unión Europea cumple un año.
el periodista español Pablo González fue arrestado en febrero de 2022 por los Servicios de Seguridad Interna de Polonia, acusado de ser un espía ruso. González nació en Moscú, pero a los 9 años se mudó con su madre a vivir a España, por lo que tiene doble nacionalidad, dos pasaportes y dos nombres diferentes: Pavel y Pablo, hecho que generó dudas a las autoridades polacas. , que sospechen de sus datos identificativos.
Actualmente, González se encuentra en una prisión a 100 kilómetros de Varsovia, donde pasa 23 horas encerrado en una celda y solo puede salir una hora al día, pero no ver a ningún otro recluso. Además, no se le permite hacer ni siquiera una llamada a su pareja, Oihana Goiriena, e hijos.
Goiriena asegura que lo más difícil es la falta de comunicación y la necesidad de explicar la situación a tres hijos menores “que no entienden cómo es posible que no puedan hablar con su padre”.
Durante este año en prisión, diferentes organizaciones de periodistas realizaron protestas pidiendo la liberación de González. Sin embargo, las manifestaciones no han sido multitudinarias ni han tenido mucha cobertura mediática, por lo que algunos de sus compañeros y amigos han criticado la falta de solidaridad.
Juan Teixera, colega del periodista, calificó la situación de González como “un verdadero ultraje“y una violación total y absoluta de sus derechos y libertad de expresión.
Por su parte, Polonia continúa indagando sobre las dos nacionalidades de González, mientras que su defensa destaca que todas estas dudas ya fueron aclaradas y, sin embargo, un año después, el periodista sigue en prisión sin cargos.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostienen que respetan a la Justicia polaca. Sánchez ha asegurado que la reportera recibe asistencia consular y que el Ministerio y el Gobierno siguen pendientes y siguen el caso con mucha atención.
Sin embargo, los familiares de González afirman que lo más difícil es vivir con el silencio institucional casi continuo y piden que se respeten los derechos fundamentales.
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