Publicado:
16 de febrero de 2023 11:43 GMT
El magistrado explicó que el objetivo es “frenar una tendencia vertiginosa de flexibilización de las reglas de acceso a armas de fuego y municiones”.
El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, suspendió todos los procesos de los tribunales inferiores contra la legalidad del nuevo decreto de armas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que impone mayor control sobre el acceso a las armas por la población.
Mendes afirmó que el objetivo es “frenar una vertiginosa tendencia de flexibilización de las reglas de acceso a armas de fuego y municiones en Brasil, mientras se discuten nuevas regulaciones en la materia”.
Asimismo, explicó que “en la norma constitucional brasileña no existe el derecho fundamental de acceso a las armas de fuego por parte de los ciudadanos y la adquisición y portación de armas de fuego”, y que en los últimos años ha habido “una clara acción de inconstitucionalidad” en este asunto.
Revocar decretos controvertidos
Una de las primeras medidas adoptadas por Lula tras asumir el cargo fue revocar una decena de controvertidos decretos emitidos por el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellos los que facilitaban el acceso a las armas de fuego.
Lula suspendió nuevos registros de armas por parte de cazadores, tiradores y coleccionistas, así como la creación de clubes de tiro; redujo los límites para la compra de armas y municiones, y ordenó la puesta en marcha de un grupo de trabajo para proponer nuevas normas sobre política de desarme.
El Ejecutivo también estableció un plazo máximo de 60 días para que todas las armas adquiridas desde mayo de 2019 sean registrado nuevamente por los propietarios.
“Habrá un censo general de las armas existentes en Brasil, con miras a separar el trigo de la paja”, comentó entonces el ministro de Justicia, Flávio Dino.
Durante los cuatro años de su gobierno, Bolsonaro firmó más de 30 resoluciones destinadas a facilitar la adquisición o portación de armas. Muchos de ellos fueron luego bloqueados por la Justicia. Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, el número de personas con certificado de registro de armas de fuego creció un 474% durante el gobierno de extrema derecha.
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