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¿Una inhabilitación posible? Cómo la Justicia de Brasil estrecha el cerco a Bolsonaro

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De ser declarado culpable, el expresidente de extrema derecha podría perder el derecho a presentarse a las próximas elecciones.

Jair Bolsonaro perdió la inmunidad el 1 de enero y el 8 de ese mismo mes se produjo el mayor asalto a la democracia en Brasil desde la dictadura. El exmandatario no estuvo en el país, pues pocos días antes de la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva partió rumbo a Florida, en EE.UU., distancia que no ha impedido que el cerco judicial en su contra nueve días después vaya estrechamiento

La semana comenzó con una decisión drástica del Tribunal Superior Electoral (TSE): Bolsonaro y su candidato a vicepresidente para las elecciones, el general Braga Netto, han tres días para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la casa de Anderson Torres, uno de sus principales colaboradores.

Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF) y exministro de Justicia de Bolsonaro, llegó el sábado desde Florida, adonde también viajó días antes los asaltos violentos a la sede de los tres poderes, no sin antes destituir a los altos mandos de la corporación y dejar así desprotegida la capital. Nada más aterrizar fue enviado a prisión acusado de supuesta omisión de los hechos.

Su situación se complicó aún más cuando la Policía encontró, en un armario de su casa, el polémico proyecto de decreto para intervenir en el TSE y cambiar por muy poco los resultados de las elecciones ganadas por Lula, el gran enemigo político de Bolsonaro.

El magistrado Benedito Gonçalves, del TSE, respondió este lunes a un pedido del centroizquierdista Partido Democrático del Trabajo (PDT) para que se adjunte el documento a las investigaciones sobre una reunión que sostuvo Bolsonaro en julio de 2022 con una decena de embajadores, a quienes dijo. expuso su infundado teoría sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas.

Gonçalves consideró que este encuentro tenía la mira puesta no sólo en los embajadores, sino también en “movilizar sus bases a través de hechos, a sabiendas, falsos, sobre el sistema electoral”. Para el juez existe “una correlación inequívoca entre esos hechos y los nuevos documentos”.

A partir de febrero, cuando el TSE termina su receso, Gonçalves activará las 16 investigaciones que Bolsonaro imputa por abuso de poder económico, mal uso de las redes sociales o propaganda anticipada irregular.

Para algunos militantes del Partido Liberal (PL), formación del expresidente, es muy dificil que este salga ileso de todas las investigaciones y, según los analistas, consideran improbable que pueda presentarse a una nueva disputa electoral dentro de cuatro años por estas acciones.

Y es que si Bolsonaro fuera considerado responsable de alguno de estos procesos, podría ser condenado a un período de inhabilitación política.

“Una cosa impensable”

A todo esto se suma la investigación abierta por el Supremo Tribunal Federal (STF) la semana pasada para indagar a Bolsonaro por su presunta participación en los hechos del 8 de enero, con base en un video que él mismo colgó en las redes dos días después de la agresión. La grabación cuestionó los resultados electorales.

El golpe de estado contra la izquierda, una tradición de las democracias occidentales

El video fue retirado poco después, pero el tiempo que estuvo colgado fue suficiente para que se contagiara a miles de sus seguidores y los animara a seguir protestando, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en la capital ante nuevas amenazas.

En el máximo tribunal, Bolsonaro ya tiene abrir al menos otros cuatro procesos, entre ellos, uno por difundir noticias falsas sobre el coronavirus, que ahora, al perder su inmunidad, podría ir a primera instancia.

El expresidente, que nunca reconoció la victoria de Lula, habló el lunes desde Florida con sus simpatizantes, y aprovechó para tratar de distanciarse de lo ocurrido en Brasilia.

“Lamento lo que pasó el día 8, una cosa increíble. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció a los poderes, empezó a valorar la libertad”, dijo.

En tanto, la Fiscalía denunció ante el Supremo Tribunal Federal 39 personas vinculadas a los ataques y solicitó su prisión preventiva “para evitar que se cometan nuevos delitos violentos”.

Más de 1.800 personas han sido detenidas desde el asalto, pero algunas han sido liberadas por motivos humanitarios. Las últimas actualizaciones de la Secretaría de Administración Penitenciaria del DF indican que 1.398 bolsonaristas radicales siguen encarcelados.

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