Publicado:
28 de febrero de 2023 16:54 GMT
El gobierno venezolano advirtió a la Corte Penal Internacional que las acusaciones contra Caracas solo buscan un “cambio de régimen” en el país.
El gobierno de Venezuela presentó este martes un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a la Fiscalía de ese tribunal, por cometer “diversas irregularidades y violaciones al debido proceso” para acusar al país sudamericano de cometer supuestos crímenes de lesa humanidad “que nunca ha pasado”.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Náñez, publicó en Twitter el comunicado del Gobierno venezolano, para desmentir “todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica” contra el país.
En esa línea, Caracas denunció “la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano a lo largo del proceso, así como la vínculos comprobados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han brindado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en entredicho la debida imparcialidad y objetividad de dicho tribunal”.
Para el gobierno venezolano, se evidencia el “carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de Estados Unidos de América”. Por ello, subrayó que el sistema judicial venezolano está “permanentemente activado para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción”.
Caracas pone como ejemplo el caso de un hombre que fue presentado por la Fiscalía de la CPI como presunta víctima de “tortura” y “persecución”, cuestiones que el propio individuo negó ante las autoridades venezolanas. “Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional, para ejercer alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales”, explica el texto.
El gobierno venezolano ratificó que “seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación”, frente a lo que consideró un “forma de colonialismo jurídico que busca utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del Derecho Internacional”.
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